El fin de semana pasado hechos en varios lugares del país ratificaron la crítica situación de inseguridad que golpea hoy en día tanto a los territorios como a las grandes ciudades, así como la pérdida de rumbo que aqueja a la política de ‘Paz Total’ del gobierno de Gustavo Petro.
La zozobra que sufren los colombianos actualmente se experimenta en las regiones donde operan las organizaciones criminales y en las calles de las principales capitales.
Si algo dejaron en claro las elecciones locales recientemente celebradas en todo el país es la preocupación por los temas de seguridad que agobian a los ciudadanos. Los mandatarios electos, en especial los alcaldes de los centros urbanos más poblados, identificaron la lucha contra la delincuencia como una de sus prioridades al iniciar sus cuatrienios a partir de enero próximo.
De acuerdo a la más reciente encuesta de Invamer de octubre pasado, el 85 por ciento de los colombianos considera que la inseguridad está empeorando y el orden público lidera la lista de las problemáticas más urgentes, en empate técnico con la economía.
Las agresiones y los robos a los que, el pasado lunes, una banda de delincuentes sometió a los caminantes en los cerros orientales de Bogotá- incluido al reconocido actor Juan Pablo Raba y sus hijos pequeños- son el reflejo de los múltiples casos de inseguridad que se reportan sin cesar en la capital del país.
Hurtos, asesinatos sicariales, extorsiones y muertes en asaltos se registran a diario en las principales capitales colombianas y las estadísticas oficiales muestran esas preocupantes dinámicas en esta serie de delitos contra las personas y la propiedad.
En momentos en que las administraciones salientes en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga despliegan campañas para dar a conocer sus logros y establecer narrativas positivas sobre sus gestiones, la invitación es a mirar con cuidado el balance en materia de seguridad.
Los alcaldes electos deben prestar mayor atención en sus empalmes a los resultados y estrategias de lucha contra la delincuencia urbana ya que, en pocas semanas, se verán compelidos a trasmitir a sus próximos gobernados las líneas gruesas de sus políticas y qué tanto se separan de las desplegadas por los gobiernos locales que terminan.
También el fin de semana el ELN mantuvo la angustiosa expectativa sobre la liberación de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz. A pesar de haber reconocido su responsabilidad y calificarla como un “error”, la organización guerrillera no solo se sostiene en su intención de seguir secuestrando civiles sino también ha convocado a un paro armado de 72 horas en el departamento del Chocó.
Mientras eso sucedía en el frente ‘eleno’, el Estado Mayor Central (EMC) presionó a la comunidad en el corregimiento caucano de El Plateado para protagonizar una asonada y secuestrar a más de un centenar de miembros del Ejército.
Este proceso de paz con las disidencias de las Farc está en la cuerda floja y ayer el propio presidente Gustavo Petro calificó de “prematuras” las conversaciones de paz con ese grupo insurgente. En el Congreso de la República se empezaron a escuchar llamados desde la propia coalición gobiernista a la renuncia del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda.
Tanto la llamada ‘Paz Total’ de la administración Petro como las políticas de lucha contra la delincuencia urbana en las ciudades requieren de un urgente e inaplazable redireccionamiento estratégico.
El deterioro en ambas caras de la seguridad- la ciudadana en las calles y la nacional en los territorios del conflicto- no se detiene: los gobiernos- Nacional y los entrantes- tienen que reforzar el accionar de la Fuerza Pública y asegurar los territorios.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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