Al filo del plazo de 30 días establecido en la declaratoria de “estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira”, el presidente de la República, Gustavo Petro y su gabinete expidió un paquete de 11 decretos con fuerza de ley para atender esta problemática regional. Las disposiciones del Gobierno cobijan múltiples frentes, por ejemplo, la creación de la universidad wayú y exenciones del IVA al turismo, entre otros.
En materia energética, otra de las prioridades del primer mandatario en su visita del mes pasado a La Guajira, quizás con una buena intención para brindar soluciones a la región, terminarán creando más problemas al sector y al resto del país.
El decreto 1276 de 2013 incluye la suspensión de los contratos a largo plazo adquiridos a través de subastas.
En otras palabras, el gobierno Petro lanza un salvavidas a las empresas con proyectos de energías renovables en La Guajira, que han venido experimentando serios retrasos en sus cronogramas como resultado de la conflictividad social, el licenciamiento ambiental y las demandas de las comunidades.
Pero, en vez de desplegar medidas para agilizar esos procedimientos sociales y ambientales con los habitantes de la región para mitigar el impacto de las demoras, la Casa de Nariño suspende las obligaciones y altera las reglas del juego de los contratos, que habían regido al sector de generación eléctrica.
Más aún, este alivio unilateral que impone Petro, bajo la sombrilla de la emergencia, no solo exime de responsabilidad a las comunidades bloqueadores y perdona el incumplimiento en los proyectos sino también se traducirá de una compra de energía a precios más caros.
Por más que el Gobierno libere a los proyectos renovables de esos compromisos, la necesidad energética no obedece a caprichos presidenciales y esos kilovatios tendrán que adquirirse en momentos de fenómeno de El Niño y otros factores encarecedores.
En conclusión, la generosidad presidencial se podría traducir en un aumento de las tarifas de energía a todos los colombianos hasta en 5%.
Al mismo tiempo, y con la loable intención de conseguir recursos para la “energización del área rural y no interconectada en el departamento de La Guajira”, este decreto impone una sobretasa a los estratos 4, 5 y 6 de mil pesos, y a los usuarios comerciales e industriales de cinco mil pesos.
Cabe preguntarse qué pasa entonces con los distintos fondos y demás rubros que el Gobierno ya tiene destinados para llevar energía a las zonas apartadas.
Este cobro del gobierno Petro a los hogares de clase media no solo es un impuesto mal disfrazado sino también es incongruente con los anuncios del propio Ejecutivo de buscar “justicia tarifaria” al bajar las facturas de la luz.
Asimismo, abre la puerta para que, con base en otra excusa regional, la Casa de Nariño continúe pasando el costo de estas intervenciones sin tener que aprobarlas por el Congreso.
Ante una destinación social justificable como la de La Guajira, no habrá dónde poner límites.
Por último, otro decreto prohíbe la expansión, por ejemplo, de la concesión de explotación de carbón de Cerrejón, bajo la “protección especial de las fuentes hídricas” del departamento.
La minería constituye una importante fuente de recursos a la región que, con la excusa de la emergencia, es restringida e intervenida por el Estado, aunque las estrictas normas ambientales ya cuidan hoy esos recursos.
Queda en manos de la Corte Constitucional evaluar si la emergencia justifica encarecer la energía, alterar las reglas del juego sectorial e impactar la minería.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
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