Tras ocho debates en el Congreso de la República, la semana pasada quedó aprobada la reforma al Sistema General de Regalías. Este acto legislativo aumenta de forma sustancial el monto destinado a las zonas productoras, así como los recursos a los municipios más pobres.
Las regalías son el pago que las empresas mineras y de hidrocarburos realizan al Estado colombiano por la explotación de los recursos naturales no renovables. Si bien estos recursos del subsuelo pertenecen a toda la Nación, son los municipios productores los que reciben el mayor impacto de estas actividades de extracción.
Es entonces un asunto de nivel constitucional la definición de la asignación de esos millonarios recursos y en dónde invertirse y a qué áreas destinarse. El reto siempre ha sido cómo balancear la justa tajada de las regiones productoras, que experimentan los impactos ambientales, sociales y económicas de la minería y el petróleo, con las grandes necesidades que tiene el resto del territorio nacional y con el debido ahorro para las finanzas generales del Estado.
El equilibrio en este dilema se había recientemente inclinado hacia las regiones no productores, es decir, el resto del país que no contaba con la suerte de esta riqueza en su subsuelo, y hacia un buen componente de ahorro. En otras palabras, distribuir de una manera más equitativa estos recursos para la totalidad de la Nación. Recursos que no son menores: el presupuesto de regalías para el bienio 2019-2020 ascendió a 24 billones de pesos.
No obstante, la reforma impulsada por el gobierno Duque eleva sustancialmente el porcentaje para los municipios productores del 11 por ciento al 25 por ciento. La decisión es reconocer con recursos para inversión a las regiones que le han apostado a las industrias minera y petrolera. Esto es un salto sustancial: si el nuevo cálculo se aplicara al presupuesto actual el monto asignado a estos municipios pasaría de 2 billones de pesos a 4,6 billones, es decir, más del doble.
La nueva fórmula también beneficia a las localidades con más necesidades insatisfechas al pasar del 10,7 por ciento al 15 por ciento. Además, llegan al 10 por ciento los recursos para ciencia, tecnología e innovación y, por primera vez, se destinan dineros de regalías directamente para la conservación de áreas ambientales estratégicas y lucha contra la deforestación.
Para proyectos e inversiones bajo la implementación del Acuerdo de Paz, el porcentaje se definió en un 7 por ciento y un 34 por ciento para proyectos de carácter regional. Todos estos aumentos salen de la drástica reducción del porcentaje asignado al Fondo de Ahorro y Estabilización, que cae del 22,5 por ciento al 4,5 por ciento. Para el Gobierno, los 12 billones de pesos que hoy tiene el Fondo son suficientes y esos dineros servirán más canalizados hacia los demás rubros.
La apuesta del Gobierno está enfocada a un Sistema de Regalías que invierta más en las regiones y ahorre menos. La clave estaría, por ende, en el monto, la velocidad, la transparencia y la definición estratégica de esas inversiones en los municipios productores, los municipios más pobres, el ambiente, la ciencia y la tecnología y la política de “Paz con Legalidad”.
Las regalías sufren infortunadamente de una pésima imagen. De acuerdo al “Barómetro Petrolero”, una encuesta que mide la percepción del sector de hidrocarburos, el 37 por ciento de los colombianos considera que los dineros de las regalías se van a corrupción. De poco sirve duplicar los recursos a los municipios mineros y petroleros, si las élites locales los despilfarrarán, los malgastarán y, tristemente en muchos casos, los esquilmarán.
No basta con un Sistema de Regalías bien diseñado. Se requiere más pedagogía ciudadana, seguimientos y transparencia a esos recursos y en qué se invierten.
