Pasan los meses y los reportes de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) siguen reflejando un complejo panorama para la vivienda en Colombia. El más reciente informe, correspondiente a mayo pasado, muestra que las ventas de viviendas de interés social (VIS) cayeron 66% y que, en lo corrido del 2023, se han dejado de vender 64.129 unidades, equivalentes a $13 billones en vivienda nueva y casi un punto porcentual del PIB.
Prácticamente todos los indicadores relevantes de la actividad edificadora en el país están reportados en rojo por el gremio. Por ejemplo, las iniciaciones de VIS en los cinco primeros meses de este año han bajado 27,3% en comparación con el mismo período de 2022. Igual tendencia negativa se contabiliza en las ventas y las iniciaciones en el segmento de no VIS: caídas del 46% y del 18,2% respectivamente entre enero y mayo.
Han sido quince meses consecutivos de descensos en la comercialización de las viviendas sociales que ya está comenzando a desatar un ‘efecto dominó’ sobre los hogares, las empresas constructoras -en especial los pequeños y medianos-, los empleos del sector, el sistema financiero y los renglones productivos asociados a la edificación.
Si se tiene en cuenta que el ciclo de estos proyectos de construcción está entre 18 y 24 meses, la descarrilada del tren de la construcción podría golpear con toda su fuerza a la economía nacional a partir de este segundo semestre.
Estas son estadísticas detrás de las cuales se esconden preocupantes realidades económicas, sociales y sectoriales. Por ejemplo, la disparada de los desistimientos en 157% es un reflejo de las incertidumbres que decenas de miles de familias han venido experimentando a raíz de los cambios en el programa de subsidios de ‘Mi Casa Ya’, entre otros factores. Cada renuncia de un hogar a una unidad de vivienda no solo impacta al constructor sino también implica el fin del anhelado sueño de tener una casa propia.
El Gobierno anunció que parte de los recursos de la recién aprobada adición presupuestal se destinarían a cubrir alrededor de 75 mil subsidios ‘Mi Casa Ya’ adicionales. No obstante, restando miles de desistimientos, aún quedan 15 mil subsidios pendientes para igual número de familias a las que el Estado debe cumplir su compromiso de ayudarles en la compra de su vivienda.
Aún tiene tiempo y espacio el ministerio de Vivienda de incorporar las críticas de los expertos a los cambios a ‘Mi Casa Ya’, en especial alrededor de la base de datos del Sisbén.
No se trata de desconocer el derecho que le asiste al Gobierno de enfocar recursos y energías a programas de mejoramiento de vivienda como eje central de su política. Esta es una estrategia que puede desarrollarse en simultánea con un sostenimiento, y hasta fortalecimiento, de los programas existentes que han demostrado sus resultados positivos.
Cerrar la brecha que todavía queda en ‘Mi Casa Ya’, como lo propone Camacol, constituiría un paso en la dirección correcta.
El brutal desplome de la actividad edificadora desata otras alertas en torno a su impacto en sus más de 30 renglones económicos asociados y en la generación de empleo que caracteriza al sector. Tanto pequeños y medianos constructores como ferreterías, comercios de insumos y venta de cemento están golpeados.
En años anteriores, en los primeros cinco meses del año, la construcción creaba más de 46 mil puestos de trabajo, en ese período en 2023 el indicador reporta solo unos 2.448. La urgencia para tomar medidas en subsidios, recursos y rehabilitación contracíclica no podía ser mayor para cortar esa racha de caídas.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
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