En los últimos días, en distintas partes del planeta, se han agudizado las manifestaciones públicas contra los más variados aspectos de la estrategia sanitaria contra el coronavirus. Desde la frontera entre Canadá y Estados Unidos hasta Nueva Zelanda pasando por los Campos Elíseos de París y el parlamento en Londres, miles de personas muestran su rechazo contra los pasaportes sanitarios, las normas de vacunación, las cuarentenas y el uso obligatorio del tapabocas.
Los llamados ‘convoyes de la libertad’ se están diseminando por el mundo como muestra global no solo del movimiento antivacunas sino también del agotamiento en muchas partes de las medidas de protección sanitaria contra la covid-19. Si bien alrededor del 55% de la población global ha recibido sus esquemas completos, la inmunización se ha concentrado mayoritariamente en las economías ricas. La veloz propagación de la variante ómicron no solo impactó ostensiblemente la senda de recuperación de la economía mundial sino también empujó a muchos gobiernos a reintroducir restricciones, requisitos para viajeros y confinamientos.
Además, muchas naciones empezaron a definir limitaciones para los no vacunados en espacios públicos, en la asistencia a restaurantes y establecimientos masivos y en el ejercicio de profesiones como el servicio de salud y el transporte de carga internacional. En otras palabras, la irrupción de ómicron nubló esa luz al final del túnel que la mayor parte del planeta vislumbraba a finales del año pasado a medida que la vacunación avanzaba.
El debate mundial sobre qué hacer con quienes no quieren vacunarse contra la covid y hasta cuándo mantener este paquete de restricciones y protocolos de bioseguridad es pertinente y complejo. Toca tanto la libertad de los individuos de decidir no inmunizarse como el derecho del resto del colectivo social de adquirir los niveles de protección requeridos para bajar la mortalidad y la presión sobre los sistemas de salud.
Por otra parte, los avances en la vacunación -con excepción del rezago imperdonable de los países más pobres- han despertado en buena parte de la población mundial una sensación de seguridad frente al virus. Incluso se ha reportado un desarrollo más leve de la enfermedad por ómicron entre aquellos con el esquema completo. La reactivación económica global asimismo se ha traducido en la reapertura de las actividades productivas, el retorno a la presencialidad en fábricas, oficinas y escuelas, así como la recuperación en términos de puestos de trabajo e ingresos.
Colombia no está ajena a estas discusiones. La proporción de compatriotas que manifiestan no querer inmunizarse no es tan grande -de acuerdo con la encuesta Pulso Social del Dane es de 4,5% de los jefes de hogar-. De hecho, de acuerdo a la más reciente encuesta Invamer -el 70% de los colombianos apoya la exigencia de carnet de vacunación para sitios públicos y dos de cada tres está de acuerdo con la inmunización obligatoria contra el coronavirus-.
Frente al levantamiento de medidas como el uso de tapabocas -ya se escuchan voces a favor de esta dirección- el Gobierno reiteró que seguiría la indicación de la OMS. Además este ente ya advirtió sobre la “falsa” narrativa de que la pandemia ya terminó. Aunque suavizar los protocolos de bioseguridad se traduciría en comodidad ciudadana y ahorros importantes para las empresas, no se ve claro que las autoridades quieran asumir el costo político de levantar estas restricciones.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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