En el remezón ministerial a cuenta gotas que ha desplegado en los últimos días el presidente, Gustavo Petro, ayer le tocó el turno al ministerio del Interior. El mandatario anunció al exministro y exsenador Juan Fernando Cristo como el nuevo jefe de la cartera política, y le encargó la búsqueda de consensos para una Asamblea Constituyente, entre otras tareas.
A pesar de haberse manifestado recientemente en contra de la idea de convocar la Constituyente, ‘la política es dinámica’ y ahora el entrante ministro del Interior afirma que su primera tarea “será la búsqueda de un acuerdo nacional de verdad que permita explorar hacia el futuro la posibilidad” de convocar este proceso de reforma de la Carta. “Fruto de un acuerdo nacional y no la imposición de alguien contra alguien”, manifestó Cristo. Este diálogo se celebraría con las “altas cortes, el Congreso y los empresarios”.
Este anuncio sí marca una diferencia con lo expresado por el presidente Petro recientemente, ya que habla de la convocatoria “bajo los parámetros de la Constitución de 1991”, lo que había sido rechazado por el jefe de Estado en no pocas ocasiones. La designación de Cristo -veterano parlamentario, ministro del Interior en la administración Santos y con orígenes en el partido Liberal- también se interpretó como una apuesta presidencial no solo a avanzar en la Constituyente, sino en reconstituir mayorías para las reformas pendientes y atender la implementación del acuerdo de paz.
Varias preguntas surgen ante este reacomodo en la cartera política. La primera compete a qué tan genuina es la renuncia del mandatario a impulsar su idea de la Constituyente por medio de la ‘movilización popular’, en especial ante la dificultad de tramitarla en el Legislativo. Las recientes encuestas muestran que las reformas son rechazadas por la mayoría de los colombianos y que esas mayorías están convencidas del deseo reeleccionista de Petro.
Un segundo interrogante cobija al ‘acuerdo nacional’, anunciado por el entrante ministro del Interior para iniciar en los próximos días. Si bien, en múltiples declaraciones, el Presidente y sus altos funcionarios han señalado al sector privado como un obstáculo para su agenda de reformas, los espacios, los temas, los tonos y los mecanismos ofrecidos por el Gobierno para la construcción de acuerdos no han sido los más abiertos ni democráticos. ¿La administración Petro introducirá cambios a la forma cómo ha venido aproximándose a esta búsqueda de un diálogo con sectores como los empresarios?
La tercera pregunta es la que deben hacerse los empresarios, los gremios de la producción y sus representantes ante esta reedición del ‘acuerdo nacional’ como camino legitimador de la intención del presidente Petro de reformar la Carta Política. La llegada del ministro Cristo no le quita peso ni razón a ninguno de los argumentos políticos, e inclusive económicos, que se han esgrimido desde distintos frentes en contra de convocar una Asamblea Constituyente, inclusive los expresados por el hoy responsable de empujarla.
No se puede caer en la ingenuidad de pensar que el sector empresarial es un bloque homogéneo, blindado contra ‘cantos de sirena’ de cambio político como el de reformar la Carta de 1991. Más de uno terminará contribuyendo y eso hace parte del juego democrático. Sin embargo, esta insistencia en perseguir una Constituyente, en medio de una desaceleración, una parálisis de la inversión y alta incertidumbre para hacer negocios, es tanto inconveniente como distractora del reto de recuperarse, invertir y crecer la economía.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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