Hoy se llevarán a cabo en todo el país las ‘marchas por la vida’ convocadas por el presidente de la República, Gustavo Petro.
Estas manifestaciones sociales, que incluyen las llamadas ‘tomas de Bogotá’ de los próximos días y actos en las principales ciudades capitales, son promovidas por el Gobierno Nacional en la defensa del paquete de reformas que continúan su accidentado trámite en el Congreso de la República.
Si bien los ciudadanos tienen todo el derecho a expresar sus opiniones y deseos políticos en las calles, que la Casa de Nariño despliegue una convocatoria nacional de movilizaciones a poco más de un mes de las elecciones locales de octubre próximo constituyen, por decir lo menos, inconvenientes.
A pesar de que la cabeza del Ejecutivo ha negado la entrega de dádivas y demás recursos para el transporte, refrigerio y logística de las marchas de hoy, han sido múltiples las entidades de nivel nacional que han llamado a participar.
No son menores las críticas que ha despertado esta convocatoria presidencial en época electoral. En primer lugar, el Gobierno Nacional es el garante para que los comicios regionales de octubre se desarrollen tanto con completa seguridad y orden territorial como sin intromisiones políticas del Ejecutivo.
Este necesario equilibrio institucional podría verse alterado ante un uso indebido de estas ‘marchas por la vida’ para la promoción electoral de candidatos afines al petrismo.
Lo resumen bien la Misión de Observación Electoral (MOE): “Acompañamos la preocupación de que un derecho como el de la movilización social sea utilizado con fines electorales”.
Las alertas disparadas por la Procuraduría General de la Nación (PGN) no son caprichosas y responden a una justificada alarma que el Gobierno Nacional haría bien en atender. Sobre los hombros de la Presidencia de la República reposa hoy- y mañana en los actos de la ‘toma de Bogotá’- la responsabilidad de que estas manifestaciones no terminen instrumentalizadas para impulsar las aspiraciones de candidatos cercanos al primer mandatario.
Segundo, la de hoy no es la primera convocatoria de movilización popular que el presidente Petro hace en respaldo de las reformas del sistema de salud, pensional y laboral. De hecho, personalmente el jefe de Estado ha llamado en variadas ocasiones desde febrero pasado, con un éxito más bien limitado, a que los colombianos salgan a calles a “defender” la llamada ‘agenda del cambio’.
Las suspicacias que despierta una convocatoria en plena temporada electoral y jalonada directamente por el primer mandatario no son pocas, en especial cuando los candidatos del bloque oficialista no despegan en sus respectivas contiendas locales, incluida Bogotá donde los escenarios de segunda vuelta de las encuestas no favorecen al ex senador, Gustavo Bolívar.
Un tercer aspecto que se deriva de las ‘marchas de la vida’ de hoy tiene que ver con los resultados de las elecciones de octubre próximo y su relación con la favorabilidad de la administración Petro y del propio Presidente. Varios analistas resistieron por meses la sugerencia de que el buen o mal balance electoral de los comicios regionales para las fuerzas pro-gobiernistas pudiera vincularse, o interpretarse, como un mensaje de los votantes colombianos a la gestión presidencial.
En otras palabras, las urnas de octubre no estarían dando una especie de ‘plebiscito’ a la agenda de cambio del Gobierno Nacional.
La inconveniente decisión de la Casa de Nariño de adelantar movilizaciones sociales a favor de sus reformas a contadas semanas del día de las elecciones regionales no hace más que ratificar que los cambios que impulsa el presidente Petro están entonces sobre la mesa para los electores de octubre.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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