El presidente de la República Gustavo Petro anunció recientemente que algunos jóvenes detenidos por vandalismo y violencia en el marco del paro nacional del año pasado -incluidos miembros de la llamada ‘primera línea’- “serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena”.
El pasado viernes el Gobierno expidió un decreto que establece una comisión que recomendará la “admisión y exclusión” de los ciudadanos liberados bajo esta figura legal.
Si bien aún no hay claridad total sobre algunos efectos, procedimientos y responsabilidades en este deseo de la Casa de Nariño de convertir a los procesados por vandalismo en “gestores de paz”, son múltiples las críticas y preocupaciones que se han desatado.
Una de las más importantes tiene que ver con la independencia entre los poderes ejecutivo y judicial y el respeto que el Gobierno debe tener sobre las decisiones de los jueces y de la administración de Justicia.
Si se tiene en cuenta que ya existen condenas sobre estos hechos ocurridos en el marco de las protestas de 2022 -como la de alias 19 que incluye el delito de tortura-, el afán gubernamental de sacar a las calles a estos detenidos debe contrarrestarse con una definición más clara no solo de quiénes recibirán esa generosidad presidencial sino también de qué forma participarán en las actuales negociaciones de paz.
Ni hablar del mensaje sonoro a la sociedad de que esas acciones violentas terminan por ser premiadas por el Estado.
Más allá de ese profundo debate jurídico -que incluso pone a prueba la autonomía entre los poderes públicos y qué tanto se acata la voluntad de la Justicia- esta apuesta del Presidente amerita recordar que las consecuencias del paro fueron tanto políticas y de alteraciones del orden público, con fallecidos, heridos y torturados, como económicas y sociales. Sin desconocer la gravedad de los múltiples hechos de criminalidad, violencia y vandalismo que la Justicia colombiana juzga en estos momentos, no sobra repasar de nuevo los impactos económicos del paro nacional de 2021.
Los bloqueos ilícitos del 2021 -especialmente en la zona suroccidental del país- implicaron la destrucción de más de 1.200 vehículos de transporte público, 256 estaciones de transporte público, 438 comercios y 456 oficinas bancarias, entre otros daños. De acuerdo a la Andi el 84% de todas las empresas del país sufrieron afectaciones por el paro, y Fedesarrollo estimó los costos de las protestas en un rango entre 4,8 y 6,1 billones de pesos.
Numerosos sectores productivos como el agropecuario experimentaron severas disrupciones en su producción. Según Fenavi los bloqueos generaron la muerte de más de 14 millones de aves y, un año después de las protestas, empresas avícolas no habían recuperado los niveles de producción. Esos efectos ‘rezagados’ en el sector de aves, papas y caña de azúcar, por solo mencionar tres casos, continuaron generando presiones inflacionarias en alimentos mucho después de levantada la última barricada.
Aunque no se puede determinar de manera concreta el aporte específico de los bloqueos ilegales a la tasa de inflación -que suma asimismo otros factores locales y globales- el choque sectorial existió y fue de tal severidad que más de un año después se seguía experimentando.
Meses más tarde, el Dane calcularía que el paro de 2021 le restó entre 0,6 y 1 punto porcentual de crecimiento del PIB. Junto a la violencia y al vandalismo los bloqueos ilícitos ahogaron la economía y para la mayoría de empresas fueron “peor que la pandemia”. Ahora que se discuten estas liberaciones, sus funestos efectos económicos no deben pasar desapercibidos.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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