Sin mayores logros para mostrar, sin una ruta clara para la transición energética, sin la confianza ni comunicación fluida con las empresas y gremios del sector, en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la exploración de hidrocarburos y en mitad de acusaciones de nepotismo y abuso de poder, denunciado por EL TIEMPO, finalizó el paso de Irene Vélez por el Ministerio de Minas y Energía.
El contraste entre la importancia de las políticas energéticas en la narrativa del gobierno Petro y sus avances tangibles en el primer año de la administración no podría ser más abrupto
Vélez -victoriosa en dos ocasiones de mociones de censura en el Congreso y respaldada con vehemencia por el primer mandatario- deja un sector a la deriva. Más allá de las constantes polémicas en las que la funcionaria se vio envuelta, la hoja de ruta para la transición energética, crucial en la bandera gubernamental de lucha contra el cambio climático, sigue en el limbo.
La institucionalidad energética -cuya solidez ha impedido otro apagón en 30 años- sufre hoy del ataque directo de la Casa de Nariño y de la interinidad en la comisión regulatoria y en otros cargos importantes.
Al debilitamiento consciente del aparato institucional se deben añadir la incertidumbre ante el futuro de la exploración petrolera, la falta de seguridades jurídicas y normativas para los inversionistas energéticos y la sobrecarga de impuestos a las empresas mineras y petroleras.
En el caso de los hidrocarburos, la posición del gobierno Petro ante los nuevos contratos exploratorios sigue siendo enfática en su negativa, con consecuencias indeseables en los mercados, las perspectivas fiscales y la atracción de capitales a la industria.
Como si eso fuera poco, los desafíos, tanto estructurales como en el corto plazo, en materia minero-energética no son menores. Sin un camino despejado para la transición energética, ni el Gobierno ni los reguladores ni las empresas son capaces de planificar sus estrategias ni de visualizar los hitos necesarios y los recursos para cumplirlos.
Los retrasos en los proyectos de generación eléctrica, en especial los renovables, deben corregirse de forma inmediata, así como agilizar las consultas previas y licencias ambientales en iniciativas no solo energéticas sino también mineras y petroleras.
De hecho, el estancamiento de la política hacia la actividad minera, incluyendo el combate contra la extracción ilícita y sus conexiones con la criminalidad organizada, necesita urgente atención y decisiones, sin estigmatizaciones ni activismos.
La presencia del fenómeno de El Niño y sus efectos sobre la energía requieren de una acción integrada y coordinada de toda la institucionalidad sectorial para el diseño y despliegue de respuestas efectivas de mitigación.
Otro aspecto es el de las tarifas del servicio de energía eléctrica, que golpean con sus altos costos a millones de hogares colombianos, en especial en regiones como la costa Caribe. Asimismo, es necesario continuar con el proceso de la subasta del cargo por confiabilidad para fortalecer el suministro en los próximos años.
La salida de la ministra Vélez le ofrece al presidente Petro la oportunidad para un giro en su política energética. La próxima cabeza del Ministerio de Minas y Energía necesita contar con mayor experiencia y sólido conocimiento técnico del sector ante la magnitud y urgencia de los retos.
Su nombramiento debería generar mayor confianza y tranquilidad, así como abrir puentes de diálogo eficaz y sin activismos radicales. Es decir, es el momento para un cambio en la política minero-energética orientado a avanzar a una transición gradual, ordenada, institucional y lejos de la ideología.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
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