El pasado lunes el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) publicó la primera parte de su sexto reporte de evaluación sobre el estado actual del calentamiento en el planeta. Con el trabajo de 234 científicos internacionales y la aprobación de 195 países, el informe de este organismo de las Naciones Unidas no solo reitera la urgencia de actuar sino también plantea escenarios potenciales, con temperaturas incompatibles con la vida en la Tierra.
En su ‘Resumen para Diseñadores de Políticas Públicas’ el IPCC establece que la temperatura del mundo se ha elevado alrededor de 0,1 grados centígrados en los ocho años que han pasado desde el último reporte. Además, ratifica que las actividades humanas han calentado la atmósfera terrestre, los océanos y el suelo.
Los cambios climáticos generados por los seres humanos ya están causando condiciones extremas alrededor del globo como sequías, olas de calor, inundaciones, deshielo en los casquetes polares, aumentos en los niveles del mar, ciclones tropicales, entre otros. Cada región del planeta, incluyendo América del Sur y Central, sufrirán consecuencias climáticas específicas. Estas transformaciones, que impactarán el planeta por los siglos venideros, están conectadas, de acuerdo a las más actualizadas investigaciones científicas en modelos y en observaciones del mundo real, con las emisiones de gases de efecto invernadero.
El llamado de alerta de estos reporte del IPCC no es nuevo pero esta vez las advertencias son más graves y más ancladas en la ciencia disponible. Es cada vez más evidente que el calentamiento global demanda que el mundo, hoy golpeado por la pandemia y aún luchando contra el coronavirus, encuentre los mecanismos políticos, económicos y de gobernanza para que países desarrollados y emergentes trabajen con más ahínco en sus compromisos para la reducción de las emisiones. Este informe y sus alarmantes conclusiones deberían fortalecer las posturas gubernamentales hacia la próxima cumbre climática COP26 en Glasgow en noviembre próximo.
Al emitir tan solo el 0,6 por ciento del total de emisiones del planeta, Colombia es protagonista en la medida en la que su biodiversidad, sus cordilleras, sus dos océanos y su geografía la hacen muy vulnerable a estos extremos climáticos. Además, el país es responsable por una porción de la Amazonia, cuyos crecientes índices de deforestación y deterioro también están disparando alertas mundiales.
Las decisiones de dirigentes políticos, gobiernos y empresas sobre adaptación y mitigación del cambio climático en los próximos años terminarán afectando a generaciones enteras. No es mucho lo que una empresa colombiana, por ejemplo, puede impactar de manera individual a una problemática de estas dimensiones. No obstante, la adopción por parte del sector privado nacional de estrategias y programas en torno a la reducción de emisiones, la conversión a energías renovables, la economía circular y un consumo más racional de los recursos naturales pueden contribuir a la adaptación a estos cambios futuros.
Desde el diseño de políticas públicas es necesario reconocer los costos económicos y los impactos sociales de las políticas audaces de descarbonización. Los cambios necesarios para bajar sustancialmente las emisiones golpean actividades económicas enteras, generan disrupciones y crean perdedores en el proceso. El tiempo para los discursos ambientales pasó, confirma este reporte, y llegó el de las costosas decisiones políticas y empresariales.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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