En estos días del primer año del presidente de la República, Gustavo Petro, en el poder, el manejo de la seguridad, urbana y territorial, ocupa un lugar prioritario dentro del balance de gestión.
Al fin de cuentas, la política de la ‘paz total’ ha sido una de las banderas más destacadas del Gobierno Nacional, así como el deterioro de los indicadores fue uno de los ataques más fuertes del hoy primer mandatario en contra de la administración anterior.
Doce meses después, y en medio de múltiples aproximaciones a distintas organizaciones criminales para procesos de negociación que incluyen al ELN, las estadísticas no reflejan una sustancial mejoría en términos de la dinámica de los delitos más impactantes contra la ciudadanía y la economía.
Si bien las cifras oficiales reportan descensos de los actos terroristas -70 por ciento- feminicidios -27 por ciento- y lesiones personales -15 por ciento-, los homicidios, por ejemplo, se redujeron en un magro 1,6 por ciento.
En cuestión de masacres, por ejemplo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en entrevista reciente con el diario EL TIEMPO, reconoce que ha aumentado de 53 a 54 en este año, pero lo refuta diciendo “la percepción que se quiere instalar en la opinión es que en este gobierno las masacres se han incrementado tremendamente, desconociendo inclusive que en este semestre hubo menos víctimas que el año pasado, 176 frente a 179”.
En lo que tiene que ver con secuestros y extorsiones, expresiones delictivas con tradicionalmente alto subregistro, las alertas están disparadas en varios puntos de la geografía nacional. El registro de los secuestrados está aumentando de forma peligrosa, en especial en Antioquia, Arauca y otros territorios con fuerte presencia del ELN.
Ganaderos, comerciantes y otros actores de las economías regionales están experimentando un tenebroso retorno a épocas de violencia y dolor, que se creían ya finalmente superados.
Las extorsiones golpean a pequeños negociantes en las ciudades y a transportadores en las carreteras, así como a empresas de sectores productivos establecidos como la minería. Las más variadas organizaciones al margen de la ley desatan zozobra y temor sin mayor distinción de estrato social, tamaño de la empresa o actividad económica.
El arranque de las elecciones locales de octubre abre la ventana para la discusión pública de los indicadores de seguridad urbana de las principales capitales del país. Los hurtos y robos, incluso con altas dosis de violencia, son pan de cada día en las ciudades y, en el caso particular de Bogotá, se recrudecen las expresiones de sicariato en las calles capitalinas.
No sorprende entonces que la percepción de inseguridad de los ciudadanos esté creciendo.
En la más reciente encuesta Invamer de agosto mientras los temas de orden público ya alcanzaron a la economía y el desempleo en las problemáticas que más preocupan a los colombianos, el porcentaje de ciudadanos que considera que la inseguridad está empeorando ya alcanzó el 88 por ciento, trece puntos porcentuales por encima que hace un año.
Este deterioro se está presentando en momentos en que la Casa de Nariño despliega una estrategia de ‘paz total’ que aún no cuaja y que el 64 por ciento de los colombianos cree que va por “mal camino”.
Por eso la defensa del ministro de Defensa no puede ser que las críticas a la inseguridad se hacen desde los sectores que “han detentado el poder” y “con el propósito de deslegitimarlo ante la opinión”. El primer paso para corregir el rumbo es aceptar que hay un problema que atender.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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