El próximo 13 de marzo millones de colombianos, habilitados para el sufragio, podrán ejercer su derecho al voto en más de 12.500 puestos de votación con 112.009 mesas, repartidas por todo el territorio nacional y el exterior. De hecho, ya los compatriotas en países como Nueva Zelanda empezaron a escoger a los senadores y representantes a la Cámara para los próximos cuatro años.
Asimismo, es un ejercicio sin precedentes en la democracia colombiana tres distintas consultas interpartidistas -el Pacto Histórico, la coalición Centro Esperanza y el Equipo por Colombia- no solo escogerán sus candidatos presidenciales sino que medirán fuerzas entre ellas en el primero de estos tres asaltos de la carrera a la Casa de Nariño. Además, como resultado del Acuerdo de Paz con las Farc, en 167 municipios rurales del país se podrá votar por las circunscripciones territoriales de paz.
No sobra recordar que, si bien la definición de las consultas interpartidistas han gozado de mayor atención y publicidad, la elección del próximo Congreso de la República es de la mayor importancia para el futuro del país. Es imposible negar la profunda crisis de legitimidad institucional que aqueja al legislativo. Según la más reciente encuesta de Invamer solo 10% de los colombianos registra una imagen favorable del Congreso mientras que 8% tiene una percepción positiva de los partidos políticos.
Este no es un deterioro nuevo -en 15 años de mediciones el punto más favorable ha sido solo de 43% en julio de 2010-. El poder legislativo es, en el peor de los casos, el epicentro de escándalos de corrupción, o, en el mejor de los escenarios, acusado de inacción o falta de decisión en temas importantes de la vida nacional. A pesar de ser el teatro del control político de la oposición, en ocasiones con la fuerza de presionar la salida de ministros del gabinete, la mayoría de los colombianos considera al Congreso una institución onerosa, de poco trabajo, capturada por radicalismos o por intereses particulares y que no cumple su misión.
Sin importar quién sea el próximo primer mandatario, la conformación del Congreso -y en especial de sus mayorías parlamentarias- constituye una elección crucial para el rumbo futuro de la economía colombiana. Las razones son sencillas.
En primer lugar, aunque no goce hoy de la necesaria prioridad en sintonía con las urgencias ciudadanas y quizás no sea la bandera principal del eventual ganador de la carrera presidencial, la agenda económica constituirá un pilar de la hoja de ruta de la nueva administración.
Dicho lo anterior, la facilidad para que el próximo Gobierno impulse los temas económicos dependerá de su alineación ideológica con el Congreso. Por ejemplo, un Legislativo que gire y en grandes números a la izquierda presionará para una impronta acorde a esa inclinación. Unas cámaras ancladas en el centro enfrentarían el reto de morigerar las apuestas de un Ejecutivo radicalizado.
Tercero, por más que se quiera evitar, el próximo Gobierno tendrá que apostarle a reformas estructurales que tiene pendientes el país. De cómo luzca la cara del nuevo Congreso dependerá, al menos en el primer año, qué tanto contrapeso o fuerza hacia adelante recibirán los proyectos del Ejecutivo.
El próximo domingo se abre una nueva etapa de la contienda presidencial con un abanico de aspirantes más definido, pero el Congreso queda definido para los próximos cuatro años. Más que sugerir candidatos, nuestra invitación es a participar en la jornada democrática y escoger opciones que impulsen la senda de reactivación con equidad. Cada voto será definitivo.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
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