El pasado 30 de diciembre el Ministerio de Salud anunció el valor anual de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para la vigencia de 2024. La UPC es el monto que paga la cartera sanitaria a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por el aseguramiento de cada colombiano.
Tras los constantes llamados de los distintos actores del sistema a definir ese ajuste, el Gobierno Nacional determinó un incremento del 12,01%, producto de la estimación del IPC del Ministerio de Hacienda más 2,28 puntos porcentuales de inclusión para la actualización de servicios y tecnologías.
El cálculo del valor de la UPC es, por ende, fundamental para la sostenibilidad de las finanzas del sistema de salud en Colombia. De hecho, un aspecto crucial de la actual crisis sanitaria parte de la brecha que existe entre el monto de la UPC con las estructuras de costos reales detrás de la prestación del servicio. Más aún, dentro de las discusiones entre las EPS y el Gobierno Nacional está la desfinanciación del sistema como uno de los puntos más álgidos de la agenda.
A pesar de ello, el incremento de la UPC para este 2024 ha sido considerado como insuficiente por gremios del sector como Acemi. Sería, en palabras de los representantes de las EPS, “un ajuste que desconoce la realidad del gasto en salud de la población colombiana y sus crecientes demandas”.
Aunque el aumento está ligeramente por debajo de la subida del salario mínimo, la definición de ese pago del presupuesto nacional por asegurado debe no solo responder a cálculos técnicos sino también a la realidad de los tratamientos y citas médicas, que reportan las entidades del sistema.
Esta discusión sobre las finanzas de la salud se presenta en medio del trámite del proyecto de reforma que impulsa la Casa de Nariño en el Congreso de la República. La iniciativa, de ser aprobada, introduciría drásticos cambios al sector con un peso mayor al papel del Estado.
Sin importar el contenido de este articulado y más allá del pulso ideológico, es la responsabilidad del Gobierno Nacional tomar las medidas requeridas para apuntalar la sostenibilidad del sistema de salud, incluida su estabilidad financiera. Seguir profundizando la crisis se traduce inevitablemente en deterioro de la prestación del servicio y de la calidad de vida de los pacientes y enfermos.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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