Mañana, 20 de julio, el presidente de la República, Gustavo Petro, instalará la tercera legislatura del Congreso de la República y seguramente presentará a los parlamentarios un corte de cuentas del meridiano de su mandato y las prioridades para la segunda mitad. Según anuncios de las semanas recientes, el primer mandatario lanzará propuestas legislativas que conforman el corazón de su estrategia de reactivación, entre ellas, un programa de inversiones forzosas.
Asimismo, el Gobierno continuará con una agenda económica en este período parlamentario, previamente discutida. A la continuación del trámite de la reforma a las normas laborales se suman los anunciados, pero aún no definidos, textos de las reformas al sistema de salud y al régimen de los servicios públicos, entre otros. Lo anterior bajo la sombrilla de dos iniciativas recientemente lanzadas: la insistencia en la convocatoria a una Asamblea Constituyente y el fast track para la implementación del Acuerdo de Paz, con su pata económica y fiscal.
En otras palabras, una tercera legislatura, al igual que las dos anteriores, con un elevado componente económico, en medio de la desaceleración del aparato productivo, y con un horizonte marcado por la incertidumbre y por la inseguridad. La cuestión es que la Casa de Nariño no llega a este punto medio de su cuatrienio con la misma batería política y comunicativa con la que arrancó su gestión. Existe un riesgo alto que la ambición legislativa de la administración Petro -con tantos frentes y estrategias en simultánea- rompa el saco.
No sobra recordar esa pieza de la ‘sabiduría popular’ politológica sobre las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo durante los cuatro años de gestión. Dicen los analistas y veteranos en estos manejos parlamentarios que el primer año del cuatrienio es del Gobierno para impulsar su agenda; el segundo es compartido entre lo que queda de la agenda ejecutiva y el control del Congreso; el tercero es del Congreso que se prepara para reelegir sus curules y aprieta al Ejecutivo y el cuarto, un año electoral, es de “nadie”.
Evidentemente, las relaciones entre el gobierno Petro y los congresistas se han desviado completamente de ese libreto y hoy, ad portas de arrancar la tercera legislatura, la Casa de Nariño irrumpe con una abultada y ambiciosa agenda legislativa con distintas velocidades y varios frentes. A lo anterior hay que añadir el creciente escándalo de la corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo que envuelve hoy no solo a congresistas sino también al propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Es perentorio que la cabeza del equipo económico del Gobierno Nacional disipe rápidamente estos graves señalamientos, ya que su capacidad de liderar este portafolio económico en el Legislativo y de contribuir a la estrategia de reactivación podría verse impactada. Si bien el discurso del presidente Petro mañana ante el Congreso podría aclarar prioridades, caminos y objetivos tanto económicos como políticos, la tercera legislatura pone a los congresistas ante el deber de discutir paquetes de reactivación, vías rápidas con impactos fiscales, reformas pendientes de trámite, nuevos proyectos de reforma, sin olvidar el necesario control político.
Otra vez los ojos del país están en sus legisladores que tienen la llave para debatir y definir, esta vez con aún más responsabilidad y la máxima transparencia, una ruta de reactivación concertada, no forzosa y con respeto al rol de la iniciativa privada y las empresas.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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