En 2017 se comienza a cobrar en el país un impuesto a las bolsas plásticas y, de acuerdo a cifras de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), su consumo en el lustro que lleva la medida se ha reducido hasta en un 69 por ciento en los puntos que esta entidad monitorea. En ese mismo período la Dian ha recaudado, según datos de EL TIEMPO, alrededor de 190.917 millones de pesos por este tributo.
Estos datos reflejan que la intención detrás de esta decisión impositiva -desestimular vía subir el costo el uso de estas bolsas de plástico en las compras diarias de los colombianos- se ha cumplido. Sí es evidente, al menos en muchos barrios en las grandes capitales, que la proporción de compradores que llevan bolsas de tela o de otros materiales distintos al tradicional plástico ha venido creciendo en estos últimos años.
Esta es una medida que no resuelve por sí sola los retos que el empleo de los plásticos de un solo uso implica para la protección del ambiente en el país. El abanico de tareas que se requieren avanzar es grande e incluye la promoción de programas de economía circular, de una mejor administración del reciclaje y la implementación de la recientemente aprobada prohibición de los plásticos de un solo uso.
No todos los problemas que se buscan atacar vía elevar las cargas de impuestos se terminan efectivamente resolviéndose por subir los precios. Estas cifras de la Anla muestran que, en el caso de las bolsas plásticas, sí se registra un impacto en la reducción del uso, en la concientización de la sociedad sobre el tema y en un lento cambio de hábitos. No es la fórmula mágica, es insuficiente y aún necesita extenderse a más sectores de la sociedad, pero sí es un paso adelante.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda
