La más reciente edición de la encuesta Brújula Minera, elaborada por Jaime Arteaga y Asociados, la Andi y la Asociación Colombiana de Minería (ACM), encontró que el pesimismo alrededor del sector minero está en sus niveles más altos. Por un lado, la opinión pública mantiene una visión más optimista de la actividad extractiva: ocho de cada diez colombianos opinan que la minería “bien hecha” trae desarrollo a las regiones donde opera. De hecho, la brecha entre las opiniones positivas entre los municipios mineros (73%) y los no mineros (69%) se está reduciendo.
No obstante, tanto los directivos de las empresas como los funcionarios públicos reflejan una mirada mucho más preocupante. En tan solo un año la percepción de los líderes de la industria se deterioró notablemente: mientras en 2022 sólo 12% de los directivos de mineras proyectaban la reducción de sus operaciones, este año se disparó a 46%.
La falta de apoyo del gobierno (34 %) y la falta de estabilidad jurídica (23 %) son las dos principales razones por las que las cabezas del sector consideran que sus actividades disminuirán en los próximos cinco años. Por el lado de los funcionarios públicos, el salto en el porcentaje de aquellos que proyectan reducción en las operaciones mineras fue de 21% al 57%.
Este horizonte con nubarrones contrasta con un descenso entre los habitantes de los municipios mineros y no mineros sobre la prohibición de la actividad.
Estos datos no deben generar mayor sorpresa ya que las medidas de la pasada reforma tributaria como la no deducibilidad de las regalías, así como el reciente deterioro en materia de seguridad territorial, han impactado las perspectivas de los actores del sector. De todas maneras, alrededor de seis de cada diez colombianos entienden la necesidad de la producción de minerales para sostener la transición energética.
No se trata de desconocer el pesimismo que acecha en el horizonte del corto y mediano plazo, sino de identificar, por ejemplo en la próxima discusión del código minero, los temas que se necesitan ajustar: desde el Gobierno -como los pequeños mineros- y desde la empresa- control a la explotación ilícita e instrumentos ambientales diferenciados.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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