Gobierno radica la Ley de Jurisdicción Agraria ante el Senado de la República

El Ministerio de Agricultura anunció que radicó ante el Senado la Ley Ordinaria de la Jurisdicción Agraria que tiene como objetivo otorgar a jueces y magistrados la potestad de resolver de manera exclusiva conflictos agrarios y rurales en el país.

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La iniciativa hace parte de los planes del presidente Gustavo Petro para cumplir con el Acuerdo de Paz del 2016, y busca la garantía de que los conflictos agrarios sean resueltos de manera pacífica por los jueces y magistrados, pero además de manera rápida y sencilla.

Por su parte, el presidente Petro afirmó por sus redes sociales que “la jurisdicción agraria es una ley derivada de los acuerdos de paz que son declaración unilateral de Estado. Espero de los partidos que decidieron acompañar el proceso de paz del 2016, coherencia para la aprobación de sus consecuencias legales”.

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Así mismo, la cartera de agricultura confirmó la radicación del proyecto, detallando que esta es “una oportunidad histórica” para acercar el sistema judicial al campesinado y a los pueblos étnicos, para que los conflictos relacionados con la tierra sean resueltos de manera diferenciada.

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, los principios que orientan este proyecto de ley se basan en la actuación de las autoridades judiciales en el análisis y solución de los conflictos que llegan a los despachos.

En el caso de que se apruebe, estos principios deberán permitir la superación de las barreras en la ruralidad, que enfrentan los sujetos de especial protección constitucional para acceder oportunamente a la administración de justicia.

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Por ejemplo, las decisiones judiciales de la jurisdicción deberán orientarse por principios como la justicia social agraria, la protección del más débil en las relaciones de tenencia y producción agropecuaria, el bienestar y bien vivir, entre otros.

“Reglamentar la reforma agraria, establecer las reglas que van a regular la forma en la que va a funcionar la Jurisdicción. El Estado colombiano tiene la obligación de reglamentar la Jurisdicción Agraria y Rural”, afirman.

La ley o leyes que pongan en marcha la jurisdicción deberán incluir la estructura e integración de la Jurisdicción Agraria y Rural con creación y composición de los Juzgados y Tribunales Agrarios y Rurales; los principios que orientan cómo deben actuar las autoridades judiciales agrarias; las competencias de los juzgados y tribunales agrarios y rurales y el proceso especial agrario y rural a través del cual se resolverán los conflictos que lleguen a los juzgados y tribunales agrarios y rurales.

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Algunos actores del Gobierno han interactuado con el anuncio, como es el caso de Iván Cepeda, quien aseguró que “hoy más que nunca, necesitamos una justicia que defienda los derechos rurales. La Jurisdicción Agraria es fundamental para garantizar que la justicia llegue a todas las comunidades rurales”.

De acuerdo con la cartera, como los conflictos que surgen en el campo son distintos a los de las ciudades, será necesario que la jurisdicción cuente con jueces nuevos, capacitados para resolver los conflictos que se presentan en la ruralidad con una perspectiva agraria y territorial.

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Adicionalmente, sostienen que se deberá contar con jueces agrarios conocedores de los contextos y conflictos de la ruralidad colombiana, accesibles para el campesino que solicite la intervención de la justicia, con facultades para movilizarse y desplazarse a los territorios que requieran del mismo.

“Deben ser capaces de tomar decisiones rápidas y evitando dilaciones; con dedicación única y exclusiva para atender las necesidades de acceso a la justicia que tengan los campesinos y campesinas, trabajadores y trabajadoras y habitantes de la ruralidad en general”, dice el Minagricultura.

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Además, deberán contar con la capacidad para resolver conflictos relacionados con contratos agrarios como lo de parcería, lanzamientos por ocupaciones de hecho, uso de recursos comunales en predios agrarios, posesión de predios rurales privados, servidumbres agrarias y actuaciones de la Agencia Nacional de Tierras.