Gobierno tendría que bajar gasto al menos 13% para no pasarse la regla fiscal este año

Hablar de que la situación fiscal de Colombia no es la mejor gracias a las proyecciones poco acertadas que hicieron entidades como la Dian y el Minhacienda para el 2024, principalmente en el recaudo tributario, tal vez no sea algo nuevo, sin embargo, al parecer la lección no quedó aprendida y muchos de los errores del pasado se estarían volviendo a cometer, según un reciente análisis del sector financiero.

Así quedó claro en una revisión del equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia que se presentó esta semana y en la cual se alerta que el espacio fiscal o margen de maniobra para manejar la plata del Estado es cada vez menor y que se repiten las visiones optimistas que llevaron a que se tuviera que bajar la meta de recaudo y recortar el Presupuesto General de la Nación vigente.

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Todo esto, según el informe, se está haciendo para justificar un mayor gasto público el otro año, pese a que las sugerencias van en dirección opuesta y le han pedido al Gobierno en varias oportunidades que gaste menos y evite seguir alimentando la incertidumbre fiscal que ha predominado durante gran parte del año.

“El espacio fiscal del Gobierno luce muy acotado en 2024 y 2025. Los cálculos que deja entrever el proyecto de Ley del Presupuesto de la Nación para el próximo año revelan que, nuevamente, el Gobierno propone una visión optimista de ingresos tributarios, para fundamentar una expectativa de elevado gasto y, en consecuencia, un monto del presupuesto que podría estar desfinanciado”, arrancaron sentenciando.

Así las cosas, resalta que no es un tema menor y que si bien se ha dicho mucho, hay que seguir reiterando que con esto se pone en riesgo la consolidación fiscal, al tiempo que incrementa la probabilidad de necesitar nuevos recortes o una subejecución del gasto primario durante el próximo año.

Adentrándose en las cuentas fiscales del país, Investigaciones Bancolombia recuerda que en 2024 el desbalance fiscal alcanzó un 3,3% del PIB en el primer semestre, que en sus registros aparece como el más alto desde 2004 y obedece al rápido crecimiento del gasto público, que creció un 13% anual real, mientras que el recaudo tributario ha sido insuficiente. Así las cosas, agregaron que los ingresos fiscales cayeron un promedio del 14,4% hasta agosto, lo que complica el cumplimiento de las metas fiscales.

“Las cuentas de Hacienda para el 2025 en el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación revelaron, nuevamente, un sesgo optimista en la expectativa de ingresos, que van de la mano con una aspiración generosa de gasto.Nuestra lectura es que esta situación tendrá un desenlace similar a lo que venimos viendo en 2024: el Gobierno tendrá que recortar o subejecutar gasto con el fin de honrar la meta de la regla fiscal”, dijeron.

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Esto sin contar que, desde su óptica, insistir en un presupuesto de $523 billones podría llevar al país a enfrentarse a problemas de desfinanciación similares a los de 2024, principalmente por las expectativas de recaudo que se pusieron en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de casi $30 billones, que para ellos están pasadas en más de $23 billones.

“Ese decreto es susceptible de enfrentar dificultades jurídicas, por cuenta de la desfinanciación por $12 billones que motivó el trámite de la Ley de Financiamiento. Así pues, sería posible una decisión de los entes jurídicos que lleve a un presupuesto por $511 billones, monto que surge de restar esos $12 billones del presupuesto inicialmente propuesto y que, además, coincide con el valor ajustado por inflación del presupuesto 2024 que estaría vigente a final de año”, acotaron.

Por último, Investigaciones Bancolombia recordó que la regla fiscal es un indicador que está vigente y que no se puede obviar por más necesidades que tenga el país, ya que no se está en período de crisis. De esta forma explicaron que la regla limitaría el déficit total este año a 5,6% del PIB, lo que representan alrededor de $95 billones, teniendo en cuenta que el cierre fiscal del primer semestre dejó un desbalance total de 3,3% del PIB, el más alto para un primer semestre desde el 2004.

“En efecto, en los primeros seis meses del año el desbalance total del GNC alcanzó los $55,7 billones, un 58,7% del déficit total contemplado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Este ritmo de causación del desbalance es el más alto de lo corrido de este siglo, toda vez que usualmente en el primer semestre de cada año se causa sólo el 32% del déficit. El abultado déficit exhibido en la primera mitad del año ha sido resultado, en parte, del rápido crecimiento del gasto público”, se aprecia en el reporte.

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Ante esto, cerraron destacando que para cumplir con el mandato de la Regla Fiscal será necesario ponerle freno a la dinámica del gasto en lo que resta de 2024 y que para la segunda mitad del año se ubique aproximadamente un 13,5% anual real menos que en el mismo periodo de 2023; recordando que esto es algo como esto no ha sucedido desde 2009, por lo que no tienen mucha fe en que pueda pasar.

Estos analistas cerraron con invitación a revisar que además de la incertidumbre actual sobre el monto final que tendrá el presupuesto de 2025, también es significativo el riesgo que surge del optimismo en ingresos y cómo se podría repetir la necesidad de recorte presupuestal ya vista en 2024.

“La constante reciente ha sido un presupuesto de gran envergadura fundamentado en propuestas optimistas de ingresos tributarios. Esto deriva en la necesidad de hacer recortes de gasto que afectan especialmente al rubro de inversión, lo que además limita el aporte del gasto público al crecimiento económico de mediano plazo, y puede dificultar el proceso de consolidación fiscal para los siguientes años”, concluyeron.

Por ahora el país espera conocer cómo quedará el decreto de Presupuesto General de la Nación para el otro año y si se radican requerimientos judiciales en contra del mismo. Así mismo, si finalmente se mantiene en los $523 billones que buscan desde la Casa de Nariño o por el contrario se baja a los $511 billones en caso de que no pase la Ley de Financiamiento en el Congreso de la República.