Reversazo en aumento al diésel aumentará el hueco fiscal en al menos $10 billones

Superados el paro camionero, los bloqueos en varias regiones y con el acuerdo firmado por parte de los transportadores y el Gobierno Nacional, nuevamente la atención del contexto económico local se centra en los riesgos fiscales y el aumento de la presión por los recursos que deberá conseguir el Ministerio de Hacienda para tapar el faltante en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fpec) que ya no conseguirá aumentando el precio del diésel en $1.904 este año, y otros $4.000 el año entrante.

Si bien cerrar el hueco que sigue vigente en el Fepc era la prioridad del Gobierno, para destinar esos recursos a otros sectores como la educación o la lucha contra la pobreza, el caos generado por el gremio camionero en la última semana lo llevó a reversar el aumento de $1.908 que ya había decretado, tras lo cual la pregunta es cómo afectará esto la caja del Estado.

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Portafolio consultó a economistas de tres universidades en el país, quienes coincidieron en que el aumento acordado, de $400 este mes y otros $400 a final de año, es un pañito de agua tibia ante la delicada situación fiscal y que por el contrario sólo se agrandará el faltante de dinero para el 2025, en un rango que, según cada cálculo, puede ir desde los $7 hasta los $10 billones y que se suma a los más de $20 billones que ya se vienen advirtiendo.

Marc Hofstetter, director del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Cede) de la Universidad de los Andes, sostiene que lo primero que hay que dejar en claro es que lo sucedido con los camioneros no es una victoria, puesto que se impusieron las vías de hecho sobre las necesidades de todos los colombianos y la urgencia por garantizar la estabilidad fiscal.

"Empecemos porque las cuentas del Gobierno son tremendamente optimistas y el presupuesto que se pasó para el otro año está desfinanciado. A los ingresos que se tienen, ahora quisieron agregarle una reforma tributaria incierta, en unos cálculos que realmente no suman, por lo que ahora estamos ante un maltrecho panorama fiscal”, explicó.

Con base en esto, indicó que lo más sensato es revisar y ajustar el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2025, teniendo en cuenta que ahora el país tendrá menos solvencia de caja porque deberá destinar recursos al fondo de combustibles mientras no se suban los $6.000 que se necesitan en el precio del Acpm.

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“Esto mal contado le va a restar $10 billones a las cuentas del Gobierno, que ya estaban descuadradas en $12 billones. Para muchos se quedaba corto en al menos $10 billones más. Entonces, cuando uno empieza a sumar todas esas cosas, fácilmente al Gobierno le van a faltar $30 billones para ese presupuesto. Y de otro lado, aún si se quiera presentar como que esto fue una gran victoria, esto fue una tremenda derrota”, manifestó Hofstetter.

Vale la pena recordar que conceptos de autoridades como el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) o el Comité Autónomo de Regla Fiscal (Carf), han emitido conceptos sobre el Presupuesto del año que viene, indicado que el faltante en las arcas del Estado supera los $20 billones, mientras que el Ministerio de Hacienda defiende sus cálculos, argumentando que la dinámica económica del país mejora y que van a respetar la regla fiscal.

El profesor Henry Amorocho, experto en Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, hizo cuentas sobre los cambios en el déficit del Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles y resaltó que al bajar de $1.900 a $800, el faltante de $12 billones que se iba a cubrir con el primer ajuste se reduce apenas a $5 billones, por lo que el país deberá salir a buscar los $7 billones que faltarán.

“Tenemos esos $12 billones de desfinanciación que reconoce el mismo Gobierno, $10 billones aproximadamente de desfase por recaudo tributario, aunque ese dato debe quedar completamente claro el 31 de octubre, y ahora, con el déficit del Fepc, por la vía del Acpm se agrega un faltante de $7 billones. Entonces, las cifras quedarían así concretas a manera de conclusión en $29 billones”, indicó este docente.

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Cuando se habla del recaudo de la Dian, según alertas anteriores, la atención se centra en que el Minhacienda apunta a que la gestión de la autoridad tributaria se traducirá en ingresos adicionales por $16 billones para la Nación, cálculo que ha sido criticado porque, para empezar, la Dirección ni siquiera ha empezado a contratar el personal que se necesita para fortalecer sus capacidades operativas. En el mejor de los casos, se dice que apenas llegaría a $6 billones.

“Este no es un tema que se deba tomar a la ligera, ya que está en juego la estabilidad fiscal y las calificaciones de riesgo. Reducir el gasto o revisar alternativas de manejo de deuda y ajuste a los rubros de funcionamiento, podría ser una salida. No obstante, se debe trabajar con cautela y revisando todos los pro y contras”, manifestó Amorocho.

Una tercera alerta frente a los efectos que dejará el acuerdo entre camioneros y el Gobierno la hace desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, cuyos expertos indicaron que “con el incremento de $1.900 al Acpm planteado por el Gobierno, el déficit cerraría en $10 billones a 31 de diciembre de este año.

“En otras palabras, el incremento que motivó las protestas significaba un ahorro de $1,6 billones en recursos públicos. Lo que equivale a financiar una cuarta parte de los recursos necesarios para todas las universidades públicas del país. Sin embargo, con el acuerdo que se hizo hoy las cuentas cambiaron: Un aumento de solo $800 al cierre de este año nos deja con un total de $11 billones de déficit, es decir, $1 billón adicional al escenario con ajuste de $1.900”, explicaron.

Dicho esto, concluyen que “no es posible que de los impuestos que pagan los ciudadanos sigamos destinando una gran porción de recursos públicos al Fepc y por eso insistimos en que estos recursos estarían mejor utilizados en inversión pública, programas sociales o educación”.

Por último, con estas cuentas sobre la mesa, los anuncios del Ministerio de Hacienda de que no puede bajar el gasto de funcionamiento y la inflexibilidad de la deuda, nuevamente la inversión se presenta como la posible gran sacrificada en las cuentas, situación que podría traducirse, si se hace realidad, en una desaceleración económica que se postergue por más tiempo del que debería.