El Gobierno de Gustavo Petro presentó una reforma tributaria que espera un recaudo de $25 billones. Una parte importante de los recursos estimados provendrían del sector extractivo (petróleo y minería).
Algunos de los cambios que trae el articulado como fue presentado inicialmente es que se cobraría un impuesto a las “exportaciones extraordinarias” que gravaría con 10% el valor adicional vendido sobre un margen establecido para carbón, oro y petróleo.
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Este es un impuesto que ya existe, explica Sebastián Martínez, director económico del gremio de la minería, ACM. Esto quiere decir se crearía una doble tributación por precios altos.
Así mismo se incorporan otras modificaciones como la eliminación de la deducibilidad de las regalías sobre el impuesto de renta. Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, ACM, aseguró que además de estos, hay dos impuestos adicionales que están impactando al sector.
De hecho, un empresario de una multinacional minera que prefirió no publicar su nombre, señaló que este argumento fue el que permitió que se retirara del articulado que había presentado inicialmente el gobierno.
No obstante, destacó que hay otras preocupaciones adicionales por cuenta de otros tributos que podrían afectar a la industria. Si bien no acabarían sus contratos, sí podrían llevar sus operaciones al mínimo para recortar gastos.
Destacó también el efecto que tendrá la actualización del cobro por el impuesto al carbón, que tendría como consecuencia mayor inflación y un alza en los costos de la electricidad.
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“La reforma tiene implicaciones profundas para el sector minero. En promedio las contribuciones de las compañías mineras pasan de 68% a 90%”, dijo Nariño. Esto quiere decir que sobre la tributación después de restar los costos operativos sería cercana a 90%. En el caso de metales específicos como el oro, esto llegaría hasta 92%, según cálculos de la asociación.
Nariño afirmó que países que extraen minerales y que son parte de la Ocde deducen las regalías de la renta como un mecanismo para atraer inversores.
De acuerdo con el líder gremial, el riesgo de esto es que se impacte la inversión extranjera directa del sector en el país. Actualmente, jalona cerca de 15% del total de los recursos del exterior.
Martínez explicó que eso lleva la relación de los ingresos al Estado frente a la utilidad neta de las compañías de 15 -6 a 19 - 2. Es decir, el retorno sobre la inversión podría reducirse a 6% de un histórico promedio de 15%.
“Hay que esperar los debates que se den en el Congreso, pero si se aprueba como está presentada, el impacto es durísimo para el sector y para todos los demás, por la incidencia que tenemos”, señaló Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso.
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Explicó que los inversionistas optarían por regiones con un menor Government Take, dado que el retorno sobre la inversión no justifica los recursos invertidos.
“Es un riesgo que haya menos inversión. En Colombia hay mucha inversión, no solo internacional, sino local también que se verían afectados. Quizá por eso tomen decisiones de no crecer más”, dijo Gaviria.
Otro punto que señaló Martínez es que de esos 22 puntos porcentuales que se incrementaría el Government Take, poco más de 11 puntos corresponderían al impuesto sobre las exportaciones de carbón.
Esto debido a que es una de las más importantes producciones dentro del sector y porque sus precios están en cifras récord (superando incluso en algunos casos los US$450 por tonelada).
Otros 10 puntos estarían dados por la no deducibilidad de las regalías del impuesto de renta y un poco más por el gravamen sobre los impuestos que se aumentaría.
Dentro de los planes del gobierno con esta reforma, está que los impuestos a este sector representen cerca de $7 billones.
Una parte importante vendría del impuesto a exportaciones y otra de la renta que no se deduce de regalías. Ahora bien, ¿qué alternativas habría en caso de que no se use este mecanismo de recaudo?
En su momento, Juan Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, consideró que una opción podría ser la sobretasa al sector, que sería similar a la que ya tiene el financiero. Esta es una opción que podría estar en estudio después de las alertas que ha levantado el rubro con respecto a los impuestos propuestos.
Nariño concluyo haciendo un llamado a la ministra Vélez para que transmita las inquietudes que tienen los empresarios con respecto al articulado actual.
Daniela Morales Soler
