Transformación de EPS y responsabilidad del riesgo financiero, dudas sobre la reforma

En el marco de las discusiones sobre la reforma de la salud, que ya fue radicada y para la que se están abriendo espacios, según los actores del Gobierno “con finalidad de la concertación”, se siguen revelando algunas preocupaciones sobre el articulado propuesto y el futuro del financiamiento del sistema.

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Para esta ocasión, en la audiencia pública de la reforma en el Congreso, diferentes expertos y actores del reglón aseguraron que los papeles bien definidos sobre el rol de cada uno de los actores, el trabajo de las IPS, los medicamentos y la transformación de las Entidades Promotoras en Salud (EPS), continúan siendo motivos de preocupación dentro de las discusiones.

En un principio, Cristian Stapper, vicepresidente de litigio, entorno y relacionamiento externo de Fenalco destacó el problema de desfinanciamiento que se viene evidenciando dentro del sistema de salud colombiano. Referenció que hoy en día siguen sin pagarse los presupuestos máximos del 2022 y del 2023, donde el ajuste que se realizó en enero y junio, no fue suficiente.

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Por esta razón, el vicepresidente se cuestionó la manera en la que se planea financiar o determinar el presupuesto que se requiere para la operatividad eficaz y efectiva que se está planteando en la nueva propuesta de reforma de la salud.

“Es indispensable determinar cómo es el manejo de la cartera y de quién será la responsabilidad de contratar los servicios de salud. Hay que tener en cuenta que en el plan territorializado del servicio se observa que todo se vuelve público. Esa discusión debe darse de forma mucho más profunda, porque hay prestadores de servicios públicos o privados buenos o malos y preocupa mucho la burocratización eventual del sistema si se vuelve público completamente”, indicó.

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Otro de los focos de preocupación parte de la transformación de las EPS en gestoras de salud y vida. En ese sentido, Manuel Antonio Galindo, representante de la Academia Nacional de Medicina, señaló que dentro de la reforma del Gobierno no se está incluyendo la afiliación como una de las funciones de las gestoras, ya que solo se les está asignando su participación como auditoras para la validación de facturas. Sumó la duda sobre la articulación de las gestoras con los Caps y las secretarías departamentales y municipales.

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“Por esta labor, que representa un trabajo menor de lo que hacen actualmente, van a recibir entre el 5% y 8% del valor de la UPC, que es un monto dinero interesante y grande. Proponemos que las gestoras puedan ser públicas, privadas o mixtas y que deban tener funciones de aseguramiento. No estamos de acuerdo con un sistema de salud eminentemente estatal”, opinó.

Galindo, además, explicó que estas nuevas EPS también deberían tener a su cargo el riesgo en salud y administrativo, al tiempo que la Adres debería llevar la responsabilidad de asumir el riesgo financiero, teniendo en cuenta que esta será la entidad encargada de girar directamente los pagos a las IPS.

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“Las gestoras deben tener la facultad de contratar los servicios con las redes integradas de servicios de salud, IPS o profesionales independientes, sin perjuicio de su competencia para auditar, validar las facturas y autorizar a Adres como pagador único, en aplicación de giro directo, para evitar la intermediación financiera”, indicó.

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Justamente sobre las discusiones de quién asume el riesgo financiero, Strapper detalló que es necesario que el responsable de esto se encuentre explícito dentro del articulado, entendiendo que aunque los recursos son públicos, estos no deben ser limitados.

Por su parte, Julio Cesar Castellanos, representante del Cluster de la Salud de Bogotá, reiteró el mensaje de que la mayor preocupación es la sostenibilidad financiera del sistema de salud, pero, también agregó que dentro del proyecto de reforma no se encuentra contemplada la situación de las IPS domiciliarias.

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Según el actor, algunas de estas instituciones son de primer nivel, y no se encuentran mencionadas dentro del articulado, lo que inminentemente las condenaría a que la posibilidad de hacer parte de las redes integradas de salud desapareciera.

Agregó que “el artículo quinto establece la conformación del Consejo Nacional de Salud, pero no incluye la presencia y participación de los prestadores de servicios, lo cual nos preocupa muchísimo. Puede que seamos incómodos en las discusiones, pero creo que somos las instituciones que más deberíamos participación”.

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A su vez, Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, afirmó que dentro del actual sistema, e incluso en el que se pretende modificar con la reforma, es necesario que las condiciones laborales del parte médico garanticen la estabilidad, la seguridad y la continuidad.

“En este proyecto de ley no está, lo quitaron. Creo que nos hemos ganado tener ese sistema laboral. Este régimen, entre otros aspectos, debe incluir la preservación de la carrera administrativa, el pago oportuno y la jornada diaria. Que nosotros volvamos a tener un empleo decente”, expresó.

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Actualmente el país cuenta con al menos 98 plantas de producción farmacéutica que se encargan de abastecer el 80% de los medicamentos que se consumen dentro del sistema de salud colombiano.

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Con este contexto, Clara Isabel Rodríguez, directora de la Asociación Colombiana de Medicinas Farmacéuticas, aseguró que dentro de este renglón existe una preocupación puntual respecto a la financiación, pues el 30% de la UPC se debe destinar para los fármacos, pero dentro del texto no se propone nada frente a la destinación de recursos.

“Hoy estamos enfrentando una crisis de desabastecimiento de medicamentos en todos los niveles. Y esto no tiene que ver con la falta de producción nacional, sino con la problemática del flujo de recursos donde este proyecto de reforma no está brindando una solución clara al respecto. Esperamos que exista una claridad en la reforma a la salud frente a cómo va a darse la financiación y cómo la intermediación está generando un gasto adicional”, destacó.

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Reiteró que el giro directo contemplado hoy dentro del decreto que promovió la Adres para pagar los medicamentos que se deben, no está dirigido directamente a los laboratorios que hacen los medicamentos, sino hacia los intermediarios. Esto estaría generando que no se pueda abastecer apropiadamente el canal institucional.

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En la misma línea, Carlos Francisco Fernandez, presidente de Asinfar, estimó que actualmente el gasto en medicamentos en Colombia ha aumentado un 24,73%, cifra que se consolida como dramática para el sistema colombiano.

“Nos hemos atrevido a hablar de una política farmacéutica donde se debe garantizar el acceso a los medicamentos en todos los niveles de atención. Ahora que hablan de la propuesta de los Caps, es importante que desde allí naturalmente se tenga un elemento de proyección, establecer la garantía de la provisión de medicamentos en términos de calidad, suficiencia, oportunidad, pero también de sostenibilidad del sistema”, concluyó.

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