Minhacienda reconoce atrasos en todos sus objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

Ante el Congreso de la República y en una previa a la discusión del Presupuesto General de la Nación que se alista para el 2025, el Ministerio de Hacienda presentó un nuevo corte de cuentas sobre su situación y perspectivas fiscales, así como de los avances que tiene hasta el momento en los objetivos que se propuso en el Plan Nacional de Desarrollo, poniendo en evidencia varios atrasos en este último punto.

En las respuestas dadas al cuestionario planteado por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, esta cartera abordó aspectos como el dinero que le falta para cumplir con las asignaciones propuestas para el próximo año, el costo que han tenido para el Estado los contratos de prestación de servicios durante los últimos dos años y el estado de la ejecución presupuestal para 2024, así como el plan de austeridad que viene trabajando, entre otros.

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De acuerdo con la misiva, firmada por el viceministro de Hacienda, Diego Guevara, el Gobierno reconoce que al sector Hacienda le hacen falta $62.836 millones para cumplir con las necesidades que se plantearon en el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI). Estos recursos harían parte del faltante de $24 billones que advirtió el Consejo Superior de Política Fiscal para todo el presupuesto del otro año.

“Los recursos para gastos funcionamiento asignados a la sección presupuestal 13 01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el Proyecto de Presupuesto 2025, corresponden a $27.138.682 millones, serán suficientes siempre y cuando esté incorporada la totalidad de recursos para las transferencias ‘Otros gastos de personal – Distribución previo concepto DGPPN’ y ‘Otras transferencias - Distribución previo concepto DGPPN’”, sostiene la respuesta del Ministerio.

Por otra parte, agrega que “en cuanto a gastos de inversión, los recursos asignados a la sección presupuestal 13 01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público, corresponden a $3.611.996 millones los cuales resultan insuficientes, presentándose un déficit de $62.836 millones de los cuales $62.228 millones corresponden al MHCP considerando las necesidades del Plan Operativo Anual de Inversiones 2025”.

Estos faltantes, según el viceministro Guevara, afectan notablemente la ejecución de funciones principales asignadas al Ministerio de Hacienda como la optimización del modelo de gestión y gobernanza del portafolio de empresas, la optimización de las capacidades del SIIF Nación, el seguimiento y evaluación financiera y fiscal al Sistema General de Seguridad Social y el mejoramiento e integración de la información de la gestión financiera pública.

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Otro de los puntos consultados por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes a esta cartera, fue el avance logrado en sus diferentes objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, punto en el que se reconoce que hay atrasos importantes, que en algunos casos superan los 240 días, según la información reportada.

Para entender un poco mejor este punto, los seis objetivos del PND que le corresponden al Minhacienda, miden los activos especiales entregados para el fortalecimiento de las economías populares, los nuevos cotizantes cubiertos en el sistema de seguridad social, y el porcentaje de entidades con cubrimiento del pasivo pensional.

Así mismo, establece un balance primario del sector público no financiero (SPNF) que se mide como porcentaje del PIB. También está el recaudo de ingresos tributarios y no tributarios territoriales como porcentaje del PIB, y el recaudo neto como porcentaje del PIB. Todos los seis reportan atrasos según las cuentas informadas al Congreso.

El indicador más preocupante es el relacionado con el pasivo pensional, que mide el porcentaje de Entidades Territoriales que tienen cubierto este concepto, entendiéndose como todas las obligaciones pensionales a cargo de las entidades. Los informes del Minhacienda al respecto dicen que su periodicidad es anual y “cuenta con 240 días de rezago”, casi el doble de retraso que los demás, cuyo rezago oscila entre los 90 y los 120 días.

Con el fin de ahondar en las denuncias de presunto derroche en el gasto público por parte del Gobierno Nacional y el aumento en los gastos de funcionamiento para el 2025, el Congreso también le consultó al Ministerio de Hacienda por la carga fiscal que constituyen los contratos de prestación de servicios para las arcas de la Nación.

En lo que concierne al 2023, la información entregada al legislativo establece que mediante el anexo de liquidación del Decreto 2590 del 23 de diciembre de 20221 se asignaron para la vigencia 2023 $49,9 billones a la sección presupuestal 1301-01 del Ministerio de Hacienda (transferencias corrientes) para este concepto, de los cuales menos del 1% fueron para la cartera dirigida por Ricardo Bonilla.

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“Por su parte, mediante el Decreto 2295 del 29 de diciembre de 20232 , modificado por el decreto 0312 de 20243 , se asignaron para la vigencia 2024 $47,157,883,951,645.00 a la sección presupuestal 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Unidad Gestión General, respecto del cual y conforme a los registros realizados en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación, se estableció el porcentaje y rubro destinado para el pago de los contratos de prestaciones de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por tipo de gasto”, agrega la comunicación.

En otro apartado sostienen que “en relación con los contratos de prestación de servicios de las entidades del Sector Hacienda y Crédito Público, en su mayoría se ejecutan a través del rubro A 02 Adquisición de Bienes y Servicios, y estos compromisos constituyen el 0,07% de los recursos vigentes de funcionamiento en el año 2023 y 2024. En cuanto a inversión, los contratos se suscriben para los diferentes proyectos y en promedio constituyen el 0,73% de los recursos vigentes a este concepto”.

Para el Ministerio de Hacienda, si bien en el panorama hay retos vigentes que deben ser revisados con cautela, el Gobierno avanza de forma correcta en el desarrollo de sus obligaciones fiscales, así como en la planeación de la ejecución de recursos para el próximo año. No obstante, estos datos entrarán a ser revisados por la Cámara de Representantes, para determinar si concuerdan con la realidad económica del país.