Recientemente, el exsuperintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra el decreto mediante el cual el Gobierno Nacional estableció la prohibición de exportar carbón a Israel.
Barreto, actual director en funciones del bufete de abogados De La Espriella Lawyers, fue quien radió la querella el pasado 5 de septiembre, pero aún no ha sido admitida, pues el alto tribunal determinó que ni era su Sección IV sino su Sección I la que debe evaluar por competencias en caso de que se admita el asunto.
(Además: Minminas impugnó decisión sobre la exploración de gas en el pozo Uchuva 2).
La acción judicial afirma que el decreto "viola directamente la Constitución", "adolece de falsa motivación", "desconoce el principio de reserva legal", y llevaría a prejuicios graves para un sector significativo de la economía nacional al ir "en contra de promover el comercio exterior y proteger la integridad del patrimonio nacional". Es por ello que se solicitó una medida cautelar de suspensión del mismo.
Andrés Barreto fue superintendente de Industria y Comercio.
Archivo EL TIEMPO
"Se evidencia que el objetivo es que el Estado de Israel cumpla con las órdenes impartidas por la Corte Internacional de Justicia, tanto así que la medida estará vigente hasta que dichas órdenes sean cumplidas por el mencionado Estado, lo que demuestra la falta de proporcionalidad y razonabilidad de la medida prohibitiva que recae sobre las exportaciones de carbón a dicho Estado", se indica en la acción judicial.
(Además: Las teorías detrás de las explosiones de los beepers asociados al Hizbulá).
"No se evidencia la correlación entre la prohibición de las exportaciones de carbón a Israel y la amenaza a la seguridad de Colombia, ni cómo dicha medida repercute en la protección del Estado colombiano. Esto implica, además, ir en contravía del propio Plan Nacional de Desarrollo planteado por el gobierno actual, en el que se establece que únicamente se impondrán restricciones comerciales cuando se atente contra la seguridad nacional", se agrega en la demanda.
Esta acción del exsuperintendente también alerta que el decreto ignora la reserva legal, pues "cualquier asunto que implique la reducción de ingresos y la intervención en la economía relacionada con la explotación de recursos naturales, debe ser aprobado por el Congreso de la República y no realizado bajo la potestad unilateral del Gobierno".
(Más: Se canceló debate de este martes sobre el Presupuesto General del 2025).
Israel
iStock
Crisis humanitaria en Palestina, la razón del decreto
El decreto suscrito por el presidente Gustavo Petro y por todos sus ministros, establece que la prohibición de exportaciones de carbón desde Colombia hacia Israel obedece a la "la gravedad de la situación humanitaria que se ha desencadenado en Palestina con ocasión de la operación militar llevada a cabo por Israel después del 7 de octubre de 2023".
Dicha norma habilita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para que tramite reconocimientos de la expectativa legítima, así como las situaciones jurídicas consolidadas, para las empresas que se verán afectadas con la suspensión de negocios de esta índole.
(Más: Petro no acatará decisión del CNE sobre investigación por supuesta violación de topes).
Palestina
EFE
La prohibición ser mantendrán vigentes, según el decreto, hasta que "se cumplan a cabalidad las órdenes de medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia en el Proceso de la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza".
(Lea también: Las directrices de la Fiscalía para investigar delitos cometidos en el paro del 2021).
La norma fue emitida por le Gobierno, tras la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel, el primero de mayo. De acuerdo con datos de la Unidad de Planeación Minero Energética, con corte a octubre de 2023, las ventas de carbón a este país de Oriente Medio ascendieron a 2,45 millones de toneladas, representando así 650 millones de pesos en regalías.
PORTAFOLIO
*Con información de EL TIEMPO - JUSTICIA
