El pasado 9 de septiembre, tal como estableció EL TIEMPO, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) fue notificado oficialmente por las empresas españolas Centauro Capital y Natanor XXI, propietarias del Grupo Keralty, de la radicación de una disputa internacional relacionada con la intervención forzosa de la EPS Sanitas.
Centauro y Natanor poseen, el 61% y el 39% de la participación accionaria del Grupo Keralty, respectivamente, del que hacen parte 17 empresas, incluida la EPS Sanitas, intervenida el pasado 2 de abril por orden del superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, quien afirmó que la toma de posición de la entidad promotora de salud se adoptaba como medida preventiva a un "colapso financiero" que afectara los derechos de sus 5,7 millones de usuarios, pues consideraron que Sanitas no cumplía con los requerimientos financieros habilitantes-
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Según un documento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, conocido por EL TIEMPO, las empresas españolas propietarias de Keralty manifestaron en su notificación de disputa que hubo "expropiación indirecta y violación del estándar del TJE (Tribunal de Justicia Español) al intervenir a la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia de Salud, lo que obstaculizó su gestión, mantenimiento, uso y disfrute de sus inversiones mediante medidas arbitrarias o discriminatorias”.
Ambas firmas tendrán hasta el 8 de diciembre para definir si demandarán formalmente al Estado colombiano, según el reglamento de este tipo de litigios arbitrales de inversión. Aunque aún no se saben los intereses de la demanda, porque el caso sigue en etapa prearbitral, EL TIEMPO logró conocer que la Agencia, dirigida por César Palomino Cortés, se está preparando desde ya para atender la controversia con la coordinación institucional competente.
EPS Sanitas
Juan Davis Camacho - El Tiempo
El empresario que habría sido afectado por la intervención
Desde 2016, el empresario español Joseba Grajales Jiménez preside la junta directiva del Grupo Keralty, en el que se encuentra vinculado desde 1995. Se le considera como una de las personas más ricas de España, con una fortuna valuada en 230 millones de dólares.
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Según el informe anual del gobierno corporativo de Keralty de 2023, Grajales es el dueño absoluto del grupo, pes Centauro Capital pertenece en su totalidad a Dudinka Taldea 99, que, a su vez, pertenece en un 100% a Grajales Y Natanor XXI también pertenece en un 100% a Centauro.
Así mismo, Grajales fundó otras empresas, como la mexicana de galletas Gamesa y las empresas de energía FNX y Guascor.
Escenarios políticos
El exprocurador general Carlos Gustavo Arrieta, experto en litigios orbitales e internacionales, explicó para el mismo medio que la notificación de la intención de demandar por parte del dueño de Sanitas "es perfectamente normal. Es un requisito que hay que cumplir para poder presentar la demanda, pues uno de los objetivos es ver si se puede arreglar la disputa. Y puede que no pase nada, pero puede que dentro de dos o tres meses pueda avecinarse la demanda”.
También mencionó que la alegación sobre la expropiación "es el fundamento del 80% de las demandas que se presentan contra Colombia. Las omisiones contrarias a derecho pueden ser la fuente de ese tipo de demandas. La jurisprudencia ha considerado que se pueden entender actitudes expropiatorias y ha habido otros fallos sobre la materia contra otros países”.
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EPS Sanitas.
Archivo EL TIEMPO
Hugo Bastidas, exmiembro del Consejo de Estado, manifestó que "la expropiación indirecta y la violación de los estándares del Tribunal de Justicia Europeo son causas para proponer tribunales internacionales de arbitraje contra el Estado. Para eso hay una etapa pre arbitral, regulada por el reglamento del tratado respectivo que, generalmente, es una etapa de consultas y arreglo directo en que se avisa al gobierno. La etapa dura 6 meses prorrogables. Luego viene la comunicación de la intención de demandar al Estado, si fracasa el arreglo directo".
Finalmente, la abogada María de los Ángeles Mezan, mágister en responsabilidad y consultora y docente en salud, apuntó que "el Tribunal Internacional, en el marco de sus competencias, puede observar las decisiones que tome la justicia colombiana en el derecho interno, en sede de tutela y de la justicia contenciosa administrativa, para decidir sobre la protección a la inversión extranjera en Colombia de la EPS Sanitas".
PORTAFOLIO
*Con información de EL TIEMPO - JUSTICIA
