Presupuesto Nacional: Congreso denuncia golpe 'nada blando' a las elecciones del 2026

No han pasado 24 horas desde que se radicó el proyecto de Presupuesto Nacional para el 2025 y ya se conocen las primeras denuncias de “jugaditas” que pretende materializar el Gobierno Nacional y que, en esta ocasión, pondrían en riesgo las elecciones legislativas y presidenciales del 2026, con movimientos fiscales que afectan principalmente la autonomía de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Por medio de sus redes sociales, la senadora Angélica Lozano reveló que tras analizar a fondo la propuesta final de la Casa de Nariño que debe ser aprobada antes de las 11:59 de la noche del 24 de septiembre o será inconstitucional, descubrieron que a las entidades que hacen parte del sistema electoral les quitaron más de $3 billones, los cuales quedarán bajo tutela de la cartera de Hacienda.

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La primera parte de este dinero se recortó en la Registraduría Nacional, cuya asignación inicial era de $3,2 billones y en la ponencia final quedó en apenas $732.220 millones, que apenas cubren los gastos de funcionamiento. Así las cosas, esta entidad recibiría $2,5 billones menos, es decir, un 77,4% menos.

En investigaciones anteriores, Portafolio conversó con fuentes de la Registraduría sobre el rubro tan alto que iban a recibir y desde allí se explicó que son recursos necesarios porque el 2025 es un año preelectoral donde se suelen adelantar labores como capacitación de personal, el alistamiento logístico y la preparación del material que exige un evento como las elecciones presidenciales y de Congreso que se realizarán en 2026.

Cabe resaltar que en un primer vistazo al proyecto radicado en julio, se apreció que las necesidades de funcionamiento que se proyectaron inicialmente se subió en más de $2 billones en ese rubro   para la Registraduría, llegando a los $3,08 billones, para una variación porcentual de 200,7% respecto a lo que se otorgó en 2023 para la vigencia que actualmente está corriendo.

Según la denuncia de la senadora Lozano, con estos cambios en las cuentas de gasto se da un golpe “nada blando” a la autonomía que deben tener entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil, máxime en períodos preelectorales, donde se necesita plata para y, sobre todo, libertad y respeto para decidir cómo deben usarla con miras a garantizar que haya imparcialidad y transparencia en los comicios por venir.

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“Destruyen la autonomía y capacidad de la Registraduría. Las elecciones empiezan el 8 de marzo del 2026, al quitarle los recursos ¿quién va a organizar las elecciones? ¿El Pacto? El gobierno le da un golpe nada blando a la Registraduría, ente autónomo que nada más y nada menos, organiza, convoca, hace y responde por las elecciones”, dijo la congresista.

Otra entidad que completa los $3 billones que se denunciaron desde el Congreso, es el Consejo Nacional Electoral, que en las nuevas cuentas pierde el 54,2% de la plata que inicialmente se preveía recibir en la propuesta inicial, ya que pasa de $1,06 billones a $488.867 millones, es decir, $577.995 menos.

El Ministerio de Hacienda también se pronunció sobre esta polémica y explicó que “todos los años el recurso de elecciones de la RNEC se programan como distribuciones desde Hacienda. Así se hace siempre cómo lo indica el mensaje presidencial”, advirtiendo que lo que buscan es garantizar que la plata se use correctamente.

“Este año inicialmente habíamos decidido colocarlos en la Registraduría pero nos encontramos con que eran recursos que no se sabía si se iban a usar todos o no. Por eso en la ponencia los movimos”, agregó en su mensaje, que desde diversos sectores fue interpretado como que se le quiere meter mano a las elecciones del 2026.

Este nuevo escándalo que surge en torno al Presupuesto suma presión al trámite de la iniciativa que será votada hoy, martes 24 de septiembre,  en las comisiones económicas y fortalecen la posibilidad de que se terminen decretando las cuentas de ingresos y gastos; ya que varios legisladores manifestaron que este “mico” se introdujo sin comentarles durante la sesión de anuncio que se llevó a cabo el pasado lunes, 23 de septiembre.

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Cabe resaltar que pese a que el Minhacienda se mantuvo en la necesidad de los $523 billones, esta petición no cuenta con apoyo mayoritario, al igual que la ley de financiamiento que recaudaría los $12 billones que le hacen falta a esta proyección de gastos, por lo que insisten en la necesidad de bajar este monto.

De acuerdo con lo estipulado en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, entre las fechas vigentes a cumplir, están el 24 de septiembre, límite para la aprobación en primer debate y el 20 de octubre, que es cuando ya debe dejar listo y aprobado todo el proyecto para el 2025. Si esto se incumple por culpa del Gobierno, el Presupuesto se definirá tomando lo aprobado en el PGN vigente con ajustes por crecimiento económico y si la culpa recae en el Congreso, el Ejecutivo puede sacarlo por decreto.

Así mismo, no hay que olvidar que  el desacuerdo que sigue latente entre los congresistas y delegados de la Casa de Nariño, llevó a que el pasado 15 de septiembre se incumpliera el primer plazo, para que las comisiones económicas definieran el monto de gastos en el Presupuesto, por lo que se dejó esta tarea para la semana que está corriendo, pese a que eso abre riesgos de demandas de inconstitucionalidad.

En dado caso que se caiga la ponencia o finalmente el Presupuesto se termine yendo por decreto, la nueva pregunta que queda sobre la mesa es cuál monto se debe tomar, ya que la ley dice que se tomará el monto aprobado en primer debate, que no existe actualmente, mientras que sectores afines al Gobierno advierten que la sola ponencia sirve como punto de partida para construir estas cuentas.

No obstante, el Estatuto Orgánico de Presupuesto dice que cuando se caiga el proyecto por culpa del Gobierno Nacional y se demuestre que no hay negligencia por parte del Congreso, se deberá tomar la norma vigente como punto de partida, es decir, los $503 billones del PGN actual, a la cual se le ajustaría únicamente el incremento del PIB nominal.