Gobierno perdió el pulso en el Congreso y el Presupuesto 2025 quedó en el limbo

En medio de un ambiente polarizado y enardecido, donde no dieron frutos los esfuerzos del Gobierno por convencer al Congreso, las comisiones económicas no lograron aprobar el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2025, que ahora queda en un limbo jurídico en el que no se sabe si tendrá un último chance hasta el 20 de octubre o se deberá ir por decreto que emita la Casa de Nariño.

Esta es la primera vez en la historia que sucede algo así en el Senado y la Cámara de Representantes, que se enfocaron en esta oportunidad en hacer señalamientos de falta de transparencia en el Ministerio de Hacienda, como denunció la oposición, y de intenciones ocultas de llevar al país a este escenario de incertidumbre fiscal por medio de ‘jugaditas’, como dijo en la sesión el presidente de las comisiones económicas, Jorge Eliécer Salazar.

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La falta quórum fue nuevamente protagonista en el encuentro de las comisiones económicas, que en el último día de plazo para lograr la aprobación en primer debate de todo el articulado no lograron declarar la sesión permanente, razón por la cual se tuvo que levantar sin que se decidiera si pasaba o no la propuesta del Gobierno, abriendo de esta forma el camino a varias posibilidades jurídicas, según los expertos.

De acuerdo con el exministro de Hacienda y experto en derecho presupuestal, Juan Camilo Restrepo, el trámite surtido hasta el momento serviría de base jurídica para que el trámite de este proyecto se mantenga hasta el 20 de octubre si así lo convienen las partes, a la espera de alcanzar un punto de acuerdo que evite que el Presupuesto se expida por Decreto, como ya se indicó que se haría desde el Minhacienda.

“Que el Congreso no se ponga de acuerdo con el Gobierno en el monto del presupuesto no quiere decir que el Congreso se haya negado a expedir el presupuesto. Por lo tanto, la hipótesis de que se pretenda expedir por decreto el presupuesto por renuencia de este último a expedir el presupuesto no es una razón constitucionalmente válida”, indicó.

En este sentido, Restrepo Salazar explicó que “la única hipótesis diferente para expedir el presupuesto es que a la medianoche del 20 de octubre no lo haya sacado el Congreso. Pero eso lo veremos solamente en esa fecha. Además, la discusión que se generó fue culpa del Gobierno, que está pretendiendo que en el monto del presupuesto figuren tanto los ingresos ciertos del presupuesto básico, como los ingresos contingentes de una reforma tributaria por “$12 billones”.

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De acuerdo con lo argumentado por varios sectores de las comisiones económicas que estuvieron en desacuerdo con el proyecto, el hecho de que se hubiera presentado a última hora, que se hubieran cambiado las asignaciones para las regiones y la movida de recursos que comprometió partidas de la Registraduría Nacional, fueron algunos de los elementos que no gustaron de la propuesta, así como que se hubiera mantenido el monto de $523 billones, amarrado a la ley de financiamiento.

Luego de lo sucedido, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, manifestó que la negativa de la última sesión dejó claro que se quiere hundir el presupuesto y debido a esto se irán por decreto, para lo cual se regirán a lo establecido en la ley y manteniendo las cuentas que no gustaron en el Legislativo.

“Lo que dice la norma es que dado que no se hizo debate en primera vuelta, no hay ajustes, no hay modificaciones al proyecto radicado por el Gobierno, es esa norma la que sale mediante decreto”, agregó este funcionario.

No obstante, para Alexander López, director de Planeación Nacional, el gran derrotado es el pueblo colombiano, dado que “estamos hablando de plata que debe ir a las inversiones, al desarrollo de programas para superar la pobreza y sacar adelante a familias que hoy en día luchan contra la desigualdad y la falta de oportunidades”.

El exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño también se pronunció frente a este tema y dijo que sin lugar a dudas, “bajo todos los supuestos pierde la democracia y pierde el país”, mientras que criticó que se hubiese ligado el Presupuesto a la ley de financiamiento, que se interpretó como un cheque en blanco.

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“Es necesario preguntarnos si el Gobierno jugó siempre a que no se aprobara el presupuesto para así poder sacarlo por decreto y efectuar a su antojo los ajustes en el gasto que se encuentra desfinanciado y se burló del Congreso. Así mismo, hay que definir ya mismo si puede tramitarse ley de financiamiento con un presupuesto aprobado por decreto”, acotó.

Para entender un poco mejor lo que está sucediendo y se debería esperar con la definición del monto de Presupuesto, el profesor de la Universidad del Rosario Henry Amorocho, experto en Hacienda Pública, indicó que el Congreso debe completar varios pasos críticos antes del 19 de octubre, comenzando porque la ley orgánica establece que el proceso sigue su curso, comenzando con las discusiones en las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado.

“En el evento de que no se llegue a aprobar el Presupuesto porque no se pusieron de acuerdo, pero no por negligencia del Congreso, me parece a mí, creo que el monto para aprobar por decreto es una cifra de $511 billones y la ley de financiamiento no operaría porque no es competencia del Presidente de la República crear rentas por decreto”, dijo este analista.

Las fuentes que hablaron con Portafolio dejaron claro que las hipótesis contempladas en el Artículo 348 de la Constitución no autorizan al Gobierno para expedir el presupuesto del año entrante por decreto, ya que el Congreso no se ha negado a expedir el presupuesto y simplemente ha disentido frente al monto que debe aprobarse.

Debido a esto, hicieron un llamado para que los integrantes de las comisiones económicas y los delegados de la Casa de Nariño se pongan en la tarea de buscar puntos de acuerdo y eviten que todas sus diferencias terminen desencadenando una crisis fiscal que ponga en duda las calificaciones de riesgo y la confianza inversionista hacia el futuro.