El Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, se refirió este lunes al anuncio hecho por el grupo Keralty, dueño de Sanitas, de interponer una denuncia penal contra el funcionario por la intervención de la EPS.
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Según Leal, la entidad a su cargo ha actuado “de acuerdo con las normas vigentes y con la ley" y desmintió que presentara cifras falsas para motivar la apertura del proceso de intervención.
Keralty manifestó que este proceso es abiertamente ilegal, arbitrario y desproporcionado, razón por la cual solicitó la investigación.
“Con ocasión de la intervención que nosotros consideramos que es abiertamente ilegal, arbitraria, desproporcionada y sobre todo discriminatoria, hemos tenido dos semanas de reflexión legal al interior del equipo de abogados y hoy iniciamos la interposición de una serie de acciones de carácter legal ante diferentes jurisdicciones", aseguró en declaraciones a la prensa el abogado de Keralty, Juan David Riveros, a la puerta de la Fiscalía donde se interpuso la denuncia.
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Se trata de “una denuncia legal” contra el superintendente porque la compañía considera “que la providencia que suscribió y que es la intervención a la EPS Sanitas es abiertamente ilegal”.
La Superintendencia de Salud intervino a finales del pasado mes, por un periodo de un año, a la EPS Sanitas por supuesta insolvencia, en medio de la crisis que enfrentan varias empresas del sector en el país.
Por esta acción, también la Procuraduría abrió investigación contra Leal por presuntas irregularidades en la toma de posesión e intervención forzosa administrativa de esta EPS.
Keralty también emprenderá "otra serie de acciones que tienen como finalidad fundamental recuperar la administración de la EPS para que no vaya a presentarse ningún tipo de afectación" de los usuarios "y a la mayor brevedad poder estar otra vez al frente de la administración de ella", anunció el abogado.
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Entre estas, además de esta denuncia penal, habrá acciones de carácter contencioso-administrativo y "probablemente acciones de tipo constitucional y acciones civiles por los perjuicios que se pueden generar con una situación como esta".
"En el escenario internacional someteremos esta situación al conocimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y también le haremos traslado a la relatora del derecho a la salud físico y mental de la ONU", explicó el abogado.
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