Los magistrados de la Corte Constitucional iniciaron, de manera formal, el estudio de cinco demandas que han sido admitidas, por diferentes cargos, contra la recién aprobada reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Las cinco querellas admitidas por el alto tribunal fueron presentadas por congresistas que no respaldaron la iniciativa cuando esta seguía su trámite como proyecto de ley en el Congreso de la República.
(Lea también: Petro defiende reforma pensional y denuncia amenazas en su contra).
83 de las demandas que recibió la Corte tenían mal anotado el número de la ley (2381 de 2024), mientras que 35 llegaron con los datos correctos. Sin embargo, estas fueron las cinco acciones admitidas:
La demanda de Paloma Valencia
El 13 de agosto, el magistrado Jorge Ibáñez admitió una demanda que presentó la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, contra la totalidad del articulado de la reforma al sistema nacional de pensiones.
Uno de los cargos que la Corte analiza a detalle es si se evadió el debate democrático con la determinación de la Cámara de Representantes de acoger en su integridad el texto remitido por el Senado.
(Siga leyendo: Petro dice que fue la DEA la que le alertó de un supuesto plan para asesinarlo).
Senadora Paloma Valencia
"El primer cargo formulado (desconocimiento del artículo 157 de la Constitución Política), es claro, porque puede comprenderse su sentido; cierto, en tanto cuestiona el hecho de que el procedimiento legislativo que dio luz a la Ley 2381 de 2024 hubiere eludido el debate parlamentario en la plenaria de la Cámara de Representantes; específico, dado que pretende demostrar por qué se desconoció el artículo 157 de la Constitución Política, al obviarse un aspecto esencial en el iter legislativo", se indica en el auto admisorio.
Otro de los cargos evaluados por la Corte tiene que ver con que si, de manera eventual, se transgredió el artículo 48 de la Constitución, el cual prohíbe establecer regímenes pensionales especiales con de excepción. En el artículo 93 de la reforma se habla de un trato diferencial para pueblos indígenas, comunidades, negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras y campesinas.
La demanda de la bancada del Centro Democrático en la Cámara y otros congresistas opositores
El 21 de agosto, el magistrado José Fernando Reyes admitió la segunda demanda contra la reforma, la cual fue presentada por los representantes del Centro Democrático Carlos Osorio Aguiar, Andrés Forero, Óscar Villamizar, Hernán Cadavid, Oscar Darío Pérez, Holmes Echeverría, Hugo Danilo Lozano, Yenica Sugein Acosta, José Jaime Uscátegui, Yulieth Sánchez, Jhon Jairo Berrío, Eduar Triana, Juan Corzo, Christian Garcés, Juan Espinal, y Edison Olaya.
(Más: ¿De qué tratan? Los primeros artículos de la reforma pensional que se reglamentarán).
La demanda también la firma Marelen Castillo, exfórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, y Luz Ayda Pastrana, del partido Cambio Radical.
Andrés Forero
La acción fue formulada por el mismo cargo de presunta violación del artículo 57 de la Constitución, advirtiendo que el proyecto no contó con los cuatro debates requeridos en Cámara, pues se aprobó en tercer debate, y por la supuesta violación del artículo 160 de la Constitución, que habla de un lapso determinado entre los debates.
"El despacho advierte que los reproches formulados, en principio, son claros porque los argumentos expuestos permiten comprender cómo la aprobación del proyecto de ley en cuarto debate presuntamente infringió los principios de publicidad y consecutividad, así como la elusión del debate", indica un auto del magistrado Reyes.
La demanda de Katherine Miranda
El 30 de agosto, la magistrada Natalia Ángel admitió una demanda de la representante a la Cámara del partido Alianza Verde, Katherine Miranda, que pide tumbar la totalidad de la reforma pensional por los cargos de violación del proceso de formación de la voluntad democrática de los representantes a la Cámara; de los principios de consecutividad y publicidad; y del deber de análisis de impacto fiscal.
Katherine Miranda
La congresista advirtió que el día que aprobaron la reforma pensional en un llamado 'pupitrazo', no se incluyó en el orden del día de la plenaria en la que votarían, de manera íntegra, el texto remitido por el Senado.
"La accionante agregó que durante la mencionada sesión plenaria el secretario general de la Cámara de Representantes dio lectura a una proposición radicada por varios congresistas, en la que sugerían acoger el texto aprobado por el Senado y publicado en la Gaceta 497 de 2024. La ciudadana Miranda Peña precisó que, aunque en la proposición se dejó constancia expresa de que la Gaceta 497 de 2024 fue entregada de manera física, esto jamás ocurrió. Además, la demandante señaló que la Cámara aprobó la proposición aproximadamente 1 hora y 5 minutos después de haberse presentado", indica un auto de la magistrada Ángel.
La demanda de Christian Garcés
La magistrada Ángel, en ese mismo día, también admitió una demanda del representante del Centro Democrático, Christian Garcés, quien aparece en la otra demanda que presentó su bancada en la Cámara.
(Le puede interesar: Demanda interna y confianza: retos vigentes para la economía colombiana).
Christian Garcés
La acción judicial solo fue admitida en contra del artículo 84 de la reforma, que habla del tratamiento tributario y por el cargo de presunto desconocimiento del artículo 154 de la Carta Magna, en el que en su cuarto inciso indica que los "proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se refieran a relaciones internacionales, en el Senado".
La demanda de Carlos Fernando Motoa
El 12 de septiembre, el magistrado Vladímir Fernández admitió la demanda del senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, contra la totalidad del articulado de la reforma pensional.
(Le puede interesar: De ley de financiamiento a reforma tributaria: la nueva propuesta desde el Congreso).
Carlos Fernando Motoa
Se admitieron los cargos "relacionados con la presunta violación de los principios de sostenibilidad fiscal (artículos 2, 48 inciso 7, 113 y 334 C.P.), publicidad y bicameralismo (numerales 1 y 3 del artículo 157 C.P.) y principio democrático (artículos 154 inciso 3, 157 y 160 C.P.)", indica un auto del magistrado.
El congresista solicita la suspensión de los efectos de la reforma pensional, pero dicha petición fue denegada. "Se negará la solicitud presentada por el demandante en relación con la medida provisional de “suspensión de los efectos de la promulgación de la Ley 2381 de 2024 hasta que exista un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la misma", indica el auto.
PORTAFOLIO
*Con información de EL TIEMPO - JUSTICIA
