La sentencia C-390 de 2023, que tumbó el inciso segundo del artículo 96 de la Ley 2277 de 2022, se llevó consigo las ayudas procesales que se crearon para las empresas en tiempos de pandemia, lo cual tiene preocupado al sector empresarial.
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En diálogo con Portafolio, Gustavo Cuberos, abogado corporativo de Holland & Knight, explicó que con esta decisión del alto tribunal, se pierden facilidades como el proceso abreviado, el proceso simplificado o el proceso de salvamento; que eran cruciales para las empresas que entraban en crisis.
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“El inciso segundo del artículo 96 de la Ley 2277 de 2022 establecía que los decretos 560 y 772 de 2020 seguirían vigentes hasta el 31 de diciembre de 2023. La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de este inciso por considerar que vulneraba el principio de legalidad”, explicó.
Insolvencia.
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El 560, del 15 de abril del 2020, buscaba “crear un sistema de recuperación empresarial, amplio e incluyente, que facilite la preservación de la empresa y el empleo, sin descuidar el crédito, y que abarque a todos los actores de la economía proporcionando soluciones efectivas y ágiles”.
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Por otra parte, el 772, del 3 de junio de 2020, establecía una serie de medidas especiales en materia de procesos de insolvencia, entre las que se encuentran la reducción de plazos para solicitar este proceso, flexibilización de requisitos y ampliación de beneficios para los empresarios.
PORTAFOLIO
