Tras cumplirse dos años del actual Gobierno, los miembros del Pacto por una Mejor Salud conformado por usuarios, pacientes, aseguradores, entidades prestadoras de servicios de salud, profesionales de salud, el sector farmacéutico y dirigentes del sector, realizaron una carta dirigida al Gobierno mostrando su preocupación sobre el actual sistema de salud, que en estos últimos veinticuatro meses ha presentado retos y las dificultades.
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En el documento, destacaron que la atención a la población en general se sigue deteriorando. Según explican, el monitoreo al acceso a la prestación de los servicios muestra que se han cerrado servicios en algunas clínicas e instituciones hospitalarias con disminuciones de camas disponibles en unidades de cuidado intensivo y cuidados especializados; las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) de usuarios y pacientes se aumentaron en un 17 % al comparar el primer cuatrimestre de 2022 con igual período de 2023 y en un 11 % entre éste último y el mismo cuatrimestre de 2024.
"Las tutelas de salud han crecido en más de un 40 % al comparar esos mismos períodos y como consecuencia también de las mayores dificultades de acceso a los servicios de salud; el desabastecimiento de los medicamentos que los pacientes venían recibiendo con regularidad no se ha podido corregir y se agrava. Por último, reportes de la Cuenta de Alto Costo (CAC) registran un crecimiento de pacientes que padecen estas enfermedades, muy superior a cualquier tendencia que se haya presentado en el pasado", señalan.
De otra parte, todos los gremios de prestadores se han pronunciado sobre el bajo recaudo y el crecimiento de cartera y han solicitado al Gobierno estrategias efectivas de liquidez las cuales dicen, no han sido atendidas.
"Lo dicho, unido a las intervenciones realizadas a EPS por la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) y a las solicitudes de retiro por parte de otras -que en total suman 34 millones de afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS)- demuestran la profundidad de una problemática que afecta a los ciudadanos la cual no ha tenido una solución efectiva por parte del gobierno nacional. Esas EPS mantienen un deterioro financiero creciente a marzo de 2024", manifiestan.
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Señalan, que la desfinanciación estructural que padece el sector de la salud como consecuencia del mal
cálculo de la unidad de pago por capitación (UPC) y por la financiación deficitaria de los presupuestos máximos para cubrir las atenciones no pagadas con la UPC, explica la génesis de esas dificultades por las cuales atraviesa el sistema de salud, que afectan toda su cadena de valor y no ha sido atendida por el gobierno a pesar de los reiterados llamados y advertencias que han hecho por parte de pacientes, usuarios y sectores académicos y de centros de pensamiento que hacen seguimiento a estos aspectos.
"El gobierno no ha cumplido en su totalidad con los Autos A2881 y A2882 de 2023, hechos públicos en los primeros meses del presente año, mediante los cuales la Corte Constitucional le ordenó ponerse al día con los pagos a las EPS por deudas atrasadas de los años 2021 y 2022 por presupuestos máximos y recobros. A esto se debe adicionar que en el año 2023 se materializaron deudas por presupuestos máximos del gobierno nacional a las mismas entidades", dicen.
Por otro lado, les preocupa mucho la respuesta pública dada por el viceministro general del Ministerio de Hacienda a un representante a la Cámara en días pasados, cuando éste preguntó por el desembolso de esas deudas y la contestación fue que “la asignación de recursos para el pago de presupuestos máximos se efectuará una vez los ingresos de la Nación muestren un comportamiento adecuado que permita la asignación de los mismos en los términos del artículo 153 de la Ley 2294 de 2023”. En pocas palabras no hay dinero para pagar con suficiencia la salud de los colombianos".
Conforme lo anterior resaltan el gobierno nacional no ha corregido totalmente su propio diagnóstico establecido en la comunicación del pasado 20 de marzo de 2024 en carta dirigida a la presidenta de la Comisión 7ª de Senado por la viceministra de Hacienda María Fernanda Valdés Valencia. En dicho informe el Ministerio de Hacienda indicaba que, para este 2024, existía en ese momento un faltante de recursos por $5,9 billones de pesos para costear la UPC y los PM.
"Para final del año 2024, de acuerdo con la tendencia de la utilización de servicios de salud que se viene presentando, se estima un déficit de 2.3 billones por UPC, 2,7 billones por Presupuestos Máximos y 800 mil millones por siniestros SOAT", indican.
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Adicional a ello, en la revisión de proyecto del Presupuesto General de la Nación para el año 2025, les preocupa el déficit cercano a los $3,6 billones de pesos para el sistema de salud. Según dicen, tomando como escenario el crecimiento histórico de la UPC de los últimos cinco años. Dicho déficit podría ser superior en $2,5 billones de pesos si el gobierno nacional no realiza un traslado presupuestal de recursos que hoy en día faltarían para cerrar el aseguramiento en salud del año 2024, dicen.
"La respuesta al retroceso tan grande que ha tenido el sistema de salud durante estos dos últimos años es la incertidumbre generada en el sector por el gobierno nacional ante la ausencia de gestión efectiva para solucionarlo y ante la insistencia por presentar otra vez el mismo proyecto de reforma a la salud que se archivó en el Senado en el mes de abril pasado. Los borradores que han circulado sobre un texto de proyecto de ley supuestamente provenientes del gobierno nacional -que se asemejan mucho al proyecto de ley 339/2023 presentado por este último en la legislatura pasada- no han sido discutidos ni analizados con la mayoría de los agentes del sistema", aseguran.
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Cierran recordando que dicho proyecto no solucionaba los retos que tiene nuestro sistema de salud, no estaba pensado en beneficiar a los usuarios y pacientes, se centraba en modificar funciones de unas entidades y en eliminar la protección individual del aseguramiento en salud y de otros avances adquiridos por la población colombiana en el goce efectivo del derecho a la salud.
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