Carga fiscal de empresas aumentaría casi 15% si se aprueba la ley de financiamiento

La ley de financiamiento sigue siendo objeto de análisis y revisiones por parte de los centros de estudio económico y expertos tributarios, quienes no se han mostrado convencidos de los beneficios que el Gobierno dice que traerá para la economía y por el contrario resaltan que podría agravar la desaceleración y golpear sectores productivos que el presidente Petro prometió que iba a cuidar, como las Mipymes.

Mientras el Ministerio de Hacienda lucha porque comiencen los debates y trámite del proyecto, que busca $12 billones para el Presupuesto Nacional del 2025, esta semana se conoció un informe de la firma Crowe Co, que advierte que el impacto fiscal sobre las empresas llevará a que muchas tengan que cerrar, dado que los pagos a realizar por este concepto se convertirán en una fuerte carga.

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Si bien el tema estuvo relegado por la conversación nacional en torno al PGN, Pedro Sarmiento, socio y director de Impuestos y Servicios Legales de la firma, indicó que ahora que se el país se ha podido centrar en la reforma tributaria, han quedado al descubierto las razones por las que no es conveniente insistir en este camino.

“Los $12 billones que proyecta recaudar el ministro de Hacienda con esta propuesta, no sólo parecen estar enredados, sino que, según la opinión de varios analistas de la Andi, Fedesarrollo y Fenalco, entre otros, no justifican un nuevo incremento de impuestos y, al contrario, generan un ambiente de incertidumbre y desconfianza en el sector privado”, arrancó diciendo el expertos tributario.

El análisis de Crowe Co puso sobre la mesa los cinco y más polémicos puntos de la Ley de Financiamiento, que para ellos debería ser vista más bien como una “reforma tributaria 2.0” que se traducirán en afectaciones al empresariado, pérdidas millonarias, decrecimiento, reducción de la rentabilidad y pérdida de competitividad en un mercado que no para.

En primer lugar, Sarmiento manifestó que con esta ley se introducirá una tasa mínima del 20% de tributación sobre la “utilidad depurada”, que corresponde a una base gravable que se calcula a partir de los resultados financieros de acuerdo a varios conceptos contables y terminaría siendo difícil de calcular.

"Esto afectará especialmente a las empresas que no cuentan con sistemas contables sofisticados o personal especializado en tributación. Asimismo, cambiará el método tradicional de cómo se calcula el impuesto sobre la renta, lo que causaría errores en las declaraciones y posibles sanciones​”, indicó.

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Por otra parte resaltó que se creará un nuevo impuesto a los activos que no generen ingresos permanentes, entre ellos, terrenos sin utilizar o maquinaria en desuso y esto llevará a que las empresas que tengan estos activos, como las que pertenecen a los sectores de construcción, inmobiliario y manufacturera, tendrán que pagar un tributo adicional sobre sus activos no productivos, poniendo en riesgo su operación en el mediano y largo plazo.

“Preocupa que se eliminará el régimen simple, perjudicando directamente a las pequeñas y medianas empresas, pues ya no tendrán la opción de contar con un sistema tributario simplificado, lo que podría aumentar su carga administrativa y desincentivar la formalización. Vale recordar que este régimen siempre ha permitido a las Pymes cumplir con sus obligaciones fiscales de manera más sencilla y con menores costos​”, acotó.

Entre los puntos que golpearía, los analistas de Crowe Co mencionaron que se incrementará la tasa del impuesto a la renta a las personas naturales con mayores ingresos, con lo cual se desincentivaría la atracción y retención de talento en las organizaciones internacionales o multinacionales; sin contar con que subirá la carga administrativa de las empresas, gracias a la utilidad depurada y el gravamen a los activos no productivos.

Partiendo de las amenazas ya mencionadas, Pedro Sarmiento aseguró que la Ley de Financiamiento se traducirá en cuatro grandes afectaciones, comenzando por que se vería reducida entre un 15% y 20%, ya que al pagar más impuestos, las organizaciones dejarán de reinvertir en proyectos de crecimiento, innovación y tecnología y por tanto se frenarán los planes de expansión, lo que podría limitar su competitividad en el mercado.

“Se incrementarían los costos operativos hasta un 20%, en parte por el incremento al gravamen a los activos no productivos y la tasa mínima sobre la utilidad depurada. Ante la necesidad de equilibrar sus finanzas, muchas organizaciones optarán por reducir su personal para mantener sus márgenes de rentabilidad, en particular en sectores con altos costos de operación como manufactura y construcción​”, dijo este experto.

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En tercer lugar, como un efecto dominó, las dos problemáticas iniciales llevarían a que caiga la generación de nuevos empleos entre un 5% y 10%, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, que no tendrían recursos para ampliar las nóminas y comenzarían a operar por fuera del sistema formal para evitar pagar más impuestos, optando por no registrarse oficialmente o no declarar todos sus ingresos.

“Aumentarían algunos precios de productos y servicios entre un 5% y 15%, debido a que las compañías, en especial del comercio minorista, trasladarían los sobrecostos por impuestos a sus clientes, afectando el poder adquisitivo de sus usuarios y, a largo plazo, perjudicando sus ventas. Los principales aumentos se verían reflejados en productos básicos y alimentos (5% al 10%) y servicios de tecnología (10% al 15%)”, concluyó este experto.

Todo esto, según sus cálculos, derivaría en el cierre de las empresas que no logren sortear los retos que generará este proyecto en caso de que se apruebe en el Congreso, donde todavía su futuro está empantanado. Este colapso golpearía principalmente a las pequeñas y medianas empresas, que empezarían a remar contra la corriente.

Si bien la ley de financiamiento, según Minhacienda, dará un respiro de más de $10 billones a las arcas del Estado, el dinero que se generará por cuenta de los cambios tributarios es apenas el 45% de este monto; puesto que se depende de otros elementos como adelantar la regla fiscal y la polémica regla fiscal verde; con lo cual queda claro que serían más los perjuicios, que beneficios tributarios.