Este miércoles 7 de diciembre, se destrabó, al fin, el proyecto de APP Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal de Dique a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), después de un proceso de estructuración que tomó cerca de siete años.
Luego de 20 mesas de diálogo, desde el 8 de septiembre, la intervención de la Corte Constitucional y polémicas sobre uno de los oferentes, a Sacyr fue adjudicada la licitación.
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“La adjudicación del Canal del Dique fue nuestra prioridad desde el primer día, pero para lograr esto, sí o sí, queríamos escuchar a las comunidades. Para el gobierno del presidente Gustavo Petro era fundamental atender las preocupaciones que tenían las comunidades, los órganos de control, la JEP, el Ministerio de Ambiente y los diferentes actores sobre el proyecto del Canal del Dique. El Estado tiene una deuda histórica con la región, pues además de rescatar ecosistemas que venían en constante degradación, con esta iniciativa fluvial mitigaremos el impacto ante probables inundaciones”, indicó Guillermo Reyes, ministro de Transporte.
Los diálogos que permitieron encontrar un consenso con los pobladores en los municipios de Santa Lucía (Atlántico), Suán, sede Universidad del Atlántico, Palacio de la Proclamación en Cartagena y la Casa de la Cultura en San Onofre (Sucre), entre otras, después de lo proferido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hicieron que la ANI conformara la mesa técnica para el diseño y redacción del protocolo arqueológico forense de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en marco de la ejecución del proyecto.
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Con esto finalizado, el proyecto entrará en etapa de preconstrucción, la cual tiene una duración de 18 meses. En esta fase se adelantarán requerimientos técnicos, ambientales, sociales y prediales que permitan dar paso al proceso de construcción.
Además, el concesionario podrá adelantar actividades de mitigación ante probables sucesos producto de la ola invernal, es decir, podrá hacer mantenimiento a lo largo del canal navegable.
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Al respecto, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, celebró la decisión del despegue de la primera concesión no carretera del programa 5G.
“El actual Gobierno ha actuado de una manera consecuente al escuchar activamente a las comunidades del área de influencia del proyecto y asegurando el desarrollo de la región a través del desarrollo de la infraestructura. Con la ejecución de este megaproyecto de $3.2 billones (…) se espera la obtención de un balance de las principales condiciones ambientales (ecosistémicas, sociales y económicas) del Canal del Dique, que impactará positivamente en la construcción de escenarios de adaptación al cambio climático”, dijo.
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