El proyecto del Canal del Dique ha pasado por 50 años de diálogos. Con la inclusión de esta obra en la ola 5G, el departamento de Bolívar, especialmente entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena, pasó de un semáforo en rojo a uno en amarillo para arrancar el proyecto que brinda una solución definitiva al problema de sedimentación y riesgos de inundación, que incluso hace más de 10 años causaron una enorme tragedia en la costa Caribe dejando más de 100.000 damnificados.
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Sin embargo, el proyecto “emblema” del gobierno Duque no llegó a firmarse, y ahora en las manos del presidente Gustavo Petro ha tenido tres suspensiones, pasando bajo la lupa de la Contraloría y hoy por hoy en las manos de la Corte Constitucional.
Con toda esta polémica, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a cargo de la APP Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, informó este martes (plazo máximo decretado por el ministro de Transporte, Guillermo Reyes) que se suspenderá de manera indefinida la etapa de adjudicación del proyecto.
“Mientras la Corte Constitucional no decida la competencia del juez de tutela encargado de resolver la acción de tutela en la que se decretaron medidas cautelares al proyecto, la etapa de adjudicación prevista para el próximo 30 de septiembre se suspende de manera indefinida”, aseguró la entidad en un comunicado.
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Es de recordar que el caso llegó al Alto Tribunal, luego de que el juez Sexto Administrativo de Cartagena tramitara el proceso por el conflicto negativo de competencia surgido entre este y el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Sincelejo, que con anterioridad había conocido de un proceso similar relacionado con la APP.
La acción de tutela fue presentada inicialmente por el Consejo Comunitario del corregimiento de Hato Viejo (Bolívar) y admitida por el Juez Sexto Administrativo de Cartagena. La comunidad exigía el derecho a que se llevara a cabo el proceso de consulta previa, razón por la cual el despacho decretó medida cautelar consistente en la suspensión provisional del proceso de licitación y adjudicación de esta APP.
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Canal del Dique a la altura del municipio de Arenal
John Montaño / EL TIEMPO
Tras esta decisión, la ANI y Cormagdalena solicitaron remitir el expediente al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Sincelejo. Este despacho sin embargo, consideró que no existía identidad de esta nueva tutela con las anteriores que había conocido por lo que propuso conflicto negativo de competencia.
Ante la controversia, el caso fue remitido a la Corte Constitucional para que tome una decisión sobre lo pedido por la comunidad.
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“Mientras se surte este trámite jurídico, la entidad seguirá avanzando en las mesas de diálogo y concertación con poblaciones de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre, donde tiene influencia este proyecto”, concluyó la ANI en un comunicado.
Así, este proyecto nuevamente estará a la espera de que se surta el proceso judicial para saber si tendrá luz verde en este Gobierno.
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