El nivel de producción de obras civiles se ha mantenido al alza gracias al lanzamiento de nuevos proyectos. Sin embargo, hay corredores viales que deben ser intervenidos al ser estratégicos para mejorar la productividad y desarrollo del país.
Así lo señaló la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), que llamó al Gobierno a actuar sobre los corredores: vías del Chocó (Quibdó-Medellín), Pasto–Popayán, Bogotá–Villavicencio y las vías de Santander.
Esta propuesta, plasmada en una carta enviada al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con el propósito de reactivar la economía colombiana, es acompañada por otras 11 salidas que expone el gremio para llegar a la meta.
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Respecto a las vías del Chocó, la CCI dice que es necesario pavimentar 11 kilómetros del corredor, atender los puntos críticos con obras de estabilidad de taludes y manejo de aguas y también elaborar los estudios y diseños para alternativas de trazado, incluyendo túneles y viaductos.
Además, respecto a la concesión Pacífico 1, ve necesario habilitar el tramo Amagá – Titiribí (13 Kilómetros), dar viabilidad a la construcción de los túneles de Titiribí, que habilita nueve kilómetros en doble calzada y asignación de las vigencias futuras para construir tres kilómetros de doble calzada y el intercambiador en Primavera.
Para lograr esto, se requieren $500.000 millones para ser invertidos entre los años 2024 y 2026, de los cuales podrían salir del presupuesto 2024 del programa ‘Colombia Avanza’ ( $50.000 millones) y el restante del presupuesto 2025 – 2026 – ($450.000 millones) del Sistema General de Regalías y Vigencias Futuras con aprobación del Confis. “Recurso similar se requiere en la vía Quibdó – Pereira”, afirmó el gremio.
Sobre Pasto–Popayán, la vía de 270 kilómetros, consideran necesario avanzar en el proyecto que empieza la construcción de 159 kilómetros de segunda calzada, 67 kilómetros de doble calzada, 179 kilómetros de mejoramiento, 102 kilómetros de rehabilitación, 575 kilómetros de operación y mantenimiento, construir la variante Timbío – Estanquillo, de 66 kilómetros, al igual que los 14 túneles (18 kilómetros) y los 111 puentes (17 kilómetros).
Lograr este objetivo, de la APP de Iniciativa Pública costaría $5,4 billones en inversiones de capital y $2,3 billones en cuanto a la operación.
“Se requiere aprobaciones del DNP y Minhacienda para la publicación de prepliegos. Para obra pública se requiere documento Conpes para declaratoria de importancia estratégica de la vía. Se requiere ampliar marco de gasto de mediano plazo y aprobación Confis (vigencia fiscal) a partir de 2025 hasta 2030. Dado el alto costo de las vigencia fiscal, se propone que este tramo sea concesionado”, indica la comunicación.
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Derrumbe vía Pasto-Popayán
Archivo EL TIEMPO
Históricamente, este corredor ha tenido inconvenientes por su joven geografía. El corredor existente de 86 kilómetros permite la conexión del centro del país con los llanos orientales.
Para desarrollar su potencial, la CCI sugiere adelantar la reparación Túnel 13 y construcción de un túnel falso en la Quebrada Seca, para habilitar los cinco kilómetros de segunda calzada con cinco túneles de 3,3 kilómetros y cuatro viaductos, atender 11 sitios críticos prioritarios, al igual que los puentes Susumuco y Aserrío, e iniciar la APP de Iniciativa Pública Segunda calzada: Bogotá – El Tablón.
Para tal fin se podría dar “utilización de recursos del rubro de la red primaria concesionada del nivel nacional que cuenta con una asignación de $1,18 billones para la reparación túnel 13 y construcción túnel falso por valor de $200.000 a $300.000 millones y la atención de 11 sitios críticos prioritarios, incluyendo la intervención de los puentes Susumuco y Aserrío”, señalan.
Esta red de vías de 377 kilómetros, tiene seis concesionadas y tres que no. Por tal motivo, la CCI pide que en estas últimas se termine la Gran Vía Yuma: (3,8 kilómetros de doble calzada y 1,8 kilómetros de segunda calzada) y la UF8 de la concesión BBY.
Por otro lado, solicita el inicio de una nueva estructuración de la vía Bucaramanga – Pamplona por Iniciativa Pública, intervenir la vía de la Soberanía y Curos – Málaga y la adición de recursos para la terminación de los corredores Curos - Málaga, Soberanía y Troncal Central del Norte para la atención de sitios críticos y construcción de tres puentes.
Entre las propuestas financieras, para la Gran vía Yuma se necesitarían $172.000 millones, aportes que podrían ser del Invías, Ecopetrol, Santander y Barrancabermeja.
Además, solicitan financiar con Fondo contingente de coluviones, la solución al problema del deslizamiento de Unidad Funcional 8. Y en la vía Bucaramanga – Pamplona hacer uso de las vigencias futuras 2024-2025 del proyecto de concesión para atender sitios críticos del corredor y para estructurar una nueva concesión.
“También la incorporación de nuevos recursos para las vías Soberanía $1,15 billones (70 kilómetros), Troncal Central del Norte: $150.000 millones y Curos – Málaga: $570.000 millones (38 kilómetros)”, explican.
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Vía Bogotá- Villavicencio.
La segunda propuesta, es avanzar, ‘con metas precisas en el tiempo’, en el ejercicio que adelantan el Ministerio de Hacienda y la CCI, en aras de garantizar los recursos necesarios para la cabal ejecución de algunas concesiones viales en etapa de construcción, y de esa manera reactivar la economía.
A su vez, el tercero, es precisar los cronogramas de licitación y adjudicación de corredores estratégicos de iniciativa pública, como El Estanquillo-Popayán ($7,8 billones), Villeta-Guaduas ($7,1 billones) y la iniciativa férrea La Dorada - Chiriguaná ($2,6 billones).
También solicitan acelerar los trámites ambientales de proyectos 5G que se encuentran en etapa de pre-construcción, tales como Accesos Norte 2, Buga-Buenaventura y Canal del Dique. Es de recordar que la inversión de estos proyectos asciende a más de $10 billones de pesos.
Sobre peajes, consideran necesaria e inaplazable proceder con el incremento pendiente en las tarifas de los peajes de las vías concesionadas (con la indexación con el IPC 2023).
En sexto lugar, piden honrar los compromisos soberanos de las vigencias futuras del sector y de los sistemas de transporte masivo de ciudades capitales en el Presupuesto General de la Nación 2025.
Dicen que “sin tales vigencias, el país no hubiese logrado el avance y la inversión notable en infraestructura -más de $120 billones - en las últimas dos décadas”.
Por otro lado, solicitan acelerar el trámite de aprobación de varias iniciativas privadas -IP- viales y aeroportuarias que no requieren recursos públicos y que, por ende, “no generan presiones fiscales. Su aprobación y debida ejecución derivaría en respuesta contracíclica de más de $40 billones”, dicen..
Además, consideran necesario acelerar, mediante operaciones de crédito, la ejecución de más de medio centenar de proyectos de obra pública, incluidos en los programas “Legalidad’ y ‘Reactivación 2.0” (2021-2030), cuya inversión asciende a más de $ 13 billones, localizados en 28 departamentos, y con vigencias futuras al año 2030, tales como la conexión ‘Alta Guajira’ y la variante San Francisco-Mocoa.
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Vías 4G
ANI
En el penúltimo lugar, piden garantizar la viabilidad de las obras estratégicas de la concesión IP Autopistas del Caribe o corredor de carga Cartagena-Barranquilla ($6,7 billones entre CAPEX y OPEX del proyecto).
Cierran solicitando precisar cronograma de fechas y zonas territoriales para la implementación del cobro de la valorización y la destinación específica del recaudo, estimado por el Ministerio de Transporte en cerca de $14 billones.
También dicen que hay que precisar en términos concretos, de tiempo y cuantía, el alcance de la inversión prevista en los llamados ‘Caminos Comunitarios para la Paz Total’ y potenciar la dinámica del instrumento de financiación de ‘Obras por impuestos’, el cual dispone de recursos asignados para el 2024, por un valor de $1 billón.
“No escapa a la comprensión nuestra, el hecho de que los Despachos a su cargo hayan avanzado en algunos de estos asuntos o se propongan a hacerlo, lo cual hará más productivo el intercambio de elementos de juicio, de cara al imperativo insoslayable de otorgar a la infraestructura de transporte el rol protagónico y reactivador, que el momento económico exige”, concluye la carta.
PAULA GALEANO BALAGUERA
Periodista de Portafolio
