El Ministerio de Ambiente publicó el decreto 0852 por medio del cual le asigna a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) la obligación de licenciar los proyectos de generación de energía renovables mayores a 50 megavatios.
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La entidad previamente tenía la obligación de licenciar por encima de los 100 megavatios y los menores a esa capacidad y mayores a 10 megavatios se licenciaban por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales.
Con este decreto, la Anla tendrá en sus manos un mayor número de proyectos que licenciarían y que podría alcanzar una capacidad adicional de 4,3 gigavatios, haciendo este trámite en esta entidad.
El objetivo, según se lee en el documento, es “evitar un posible racionamiento de energía” así como “aminorar las emisiones de carbono y otros gases de efecto invernadero” que se verían beneficiados de la entrada de mayor energía de fuentes renovables no convencionales como la solar y la eólica.
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“En virtud de lo anterior, se hace necesario reasignar la competencia a la Anla, para evaluar los estudios ambientales y hacer seguimiento a los instrumentos de control y manejo ambiental para la ejecución de este tipo de proyectos”, señala el decreto emitido.
De acuerdo con la cartera de Ambiente, el índice de desempeño institucional del Departamento Nacional de Planeación evidencia que la Anla es la autoridad más eficiente para gestionar este tipo de solicitudes.
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Así mismo, señalan que “en el camino hacia la transición energética justa se ha evidenciado la necesidad de desarrollar capacidades e incrementar el conocimiento en torno a la evaluación de licenciamiento ambiental de los proyectos de exploración y uso fuentes de energía virtualmente contaminantes por parte Nación, por lo cual, se hace necesario reasignar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales la competencia en materia de licenciamiento ambiental para dichos proyectos, con el fin lograr la estandarización y unificación de los criterios técnicos y lineamientos para la evaluación y seguimiento de los mismos”.
Andrés Camacho, minsitro de Minas y Energía; Susana Muhammad, ministra de Ambiente, y Rodrigo Negrete, director de la Anla
Minenergía
El decreto establece que la autoridad ambiental seguirá otorgando licencias ambientales a proyectos de energía por encima de los 100 megavatios, aunque para los renovables no convencionales la capacidad desde la que se inicia este trámite en la entidad ahora es de 50 megavatios. En el caso de las líneas del Sistema Nacional de Transmisión, la competencia se mantiene igual, para proyectos por encima de los 220 kilovoltios de tensión.
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Adicionalmente, el decreto establece un régimen de transición que presenta las condiciones bajo las cuales se aplicará el decreto. En primer lugar, el decreto comenzará a regir tres meses después de su publicación oficial en el Diario Oficial. Desde ese momento, se aplicará únicamente a los proyectos de las fuentes renovables no convencionales que presenten solicitudes de licencia ambiental después de esa fecha.
En el caso de los proyectos con una capacidad instalada entre 50 y menos de 100 megavatios (MW) que ya hubieran radicado solicitud de licencia ambiental antes de la entrada en vigor del decreto, el trámite continuará con la autoridad ambiental correspondiente hasta que se obtenga la licencia, se niegue la solicitud o se archive el proceso.
Esta misma autoridad será responsable de gestionar cualquier solicitud de modificación y de realizar el seguimiento del proyecto durante toda su vida útil.
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En el caso de proyectos con una capacidad instalada entre 50 y menos de 100 MW que ya posean licencia ambiental al entrar en vigor el decreto, la autoridad ambiental en la que se gestionó este permiso seguirá supervisando los procesos de modificación, desmantelamiento y abandono del proyecto.
Vale la pena destacar que el tiempo de respuesta de la Anla ante procesos de este tipo es de 90 días hábiles y según Rodrigo Negrete, director de la entidad, podría incluso reducirse gracias a un proyecto de ley que buscan tramitar ante el Congreso que llevaría este tiempo hasta 45 días hábiles.
Este proyecto busca que la línea base ambiental de los proyectos esté a cargo del Estado, por lo que las empresas no deberían hacerlo y el trámite sería más ágil, según explicó.
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Rodrigo Negrete, director de la Anla.
Cumbre de Petróleo, Gas y Energía.
La expedición de este decreto ha generado varias respuestas por parte de agentes, en oposición y a favor. Iván Martínez Ibarra, gerente de Egal Energy, señaló que este decreto puede ser problemático en el sentido que le resta autonomía a las regiones para hacer el trámite de licenciamiento ambiental.
Adicionalmente, señala que el decreto es “en gran medida intrascendente y no aporta beneficios reales al sector”. Destacó que si bien las regiones "enfrentan problemas de corrupción y operatividad, el gobierno nacional no está exento de esto mismo".
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Por este motivo, dijo que había tomado la decisión de demandar el decreto ante el Consejo de Estado.
No obstante, tanto el Ministerio de Ambiente como la Anla señalan que esto permitirá darle agilidad a algunos procesos que se toman más tiempo en las Corporaciones.
En el pasado, Rodrigo Negrete, director de la Autoridad, señaló que con este cambio en las competencias, la Anla podría manejar 4,3 gigavatios de energía adicionales, que se sumarían a otros 7,3 gigavatios a los que la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) ya les otorgó punto de conexión.
DANIELA MORALES SOLER
Periodista de Portafolio
