El Gobierno Nacional ha anunciado que se tomarán medidas con el objetivo de manejar y reducir las tarifas de electricidad en el Caribe.
Para esto se han presentado una serie de puntos de acción, que incluye un proyecto de decreto de la cartera de Minas y Energía que busca que se revisen los componentes de la fórmula con la que se establece el precio del servicio público.
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En ese contexto, Portafolio conoció una propuesta que se le presentó al Ministerio de Hacienda, por parte de la firma Sumatoria, que plantea que el tema a tratar sea el saldo por opción tarifaria. Vale la pena recordar que los mercados que atienden Air-e y Afinia en la región suman una deuda por $2,5 billones, según cálculos de Asocodis.
El documento que se le presentó al Ministerio de Hacienda propone que este monto sea cedido por parte de las compañías de comercialización de energía a un patrimonio autónomo que será fondeado por financiadores como Findeter, bancos tradicionales o mercados de capitales. Este patrimonio sería el encargado de pagarles a las empresas que se acojan a este modelo.
Propone además que las compañías cobren el saldo a los usuarios con base en la fórmula que se incorporó en la resolución 101 028 de la Comisión de Resolución de Energía y Gas (Creg). De esta forma, la propuesta señala que “a través de la cesión de derechos adquiridos y futuros de los subsidios que deben recibir las empresas”, el patrimonio recibiría del Fondo De Solidaridad Para Subsidios y Redistribución de Ingreso (Fssri) el valor de los montos facturados por las comercializadoras y que serían restados del monto neto de subsidios a cobrar.
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Así mismo, prevé que en caso de que se presenten retrasos en el mecanismo de pago “por cuenta del fondeo que hace la Nación del Fondo, se permitirá que cada comercializadora esté obligada a discreción del patrimonio a girar al patrimonio el monto facturado a la demanda, hasta el monto de los valores sobre los cuales hubiese mora”, aunque si liberar a la Nación de fondear al Fssri.
Al respecto de la propuesta, Sandra Fonseca, presidente de Asoenergía, señaló que es una medida interesante que busca financiar este monto.
Sin embargo, destacó que este dinero que se les entregue a las compañías de comercialización debe ser con base en las inversiones realizadas en sus mercados para mejorar sus indicadores de calidad.
Por su parte, Yulieth Porras, presidente de las empresas comercializadoras y distribuidoras de energía sin generación despachada centralmente (Codisgen), señaló que el Gobierno ha hecho esfuerzos para garantizar la estabilidad financiera de las empresas de servicios públicos.
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Tarifas de energía
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“Se han tomado medidas importantes y la compra de la cartera de los saldos ayudaría a alargar los tiempos de recuperación de la opción tarifaria, evitaría aumentos en la tarifa y mejoraría la situación de caja de los comercializadores quienes hemos venido cargando el peso de los altos precios de la energía”, explicó Porras.
Vale la pena recordar que cinco gremios del sector propusieron al Gobierno que se destinaran $2,5 billones para pagarles $800.000 millones a Air-e y $1,7 billones a Afinia para que esto no se les transfiriera a los consumidores de estas regiones.
Sin embargo, según propone el documento, estas deudas serían financiadas no saldadas.
Para habilitar este esquema se debe primero promulgar un decreto por parte del Ministerio de Minas y Energía basado en las leyes 142 y 143 de 1994, en el que se le ordene a la Creg que emita una resolución que haga las modificaciones con respecto al valor que se les cobra a los usuarios.
Así mismo, se le instruiría a la Comisión que emita un acto administrativo que certifique los antecedentes y características de los saldos de opción tarifaria en cada uno de los mercados, con alto nivel de detalle.
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DANIELA MORALES SOLER
Portafolio
