Varios gremios han manifestado su preocupación por cuenta del efecto que tendrá para los usuarios la adopción de una serie de medidas para reaccionar al fenómeno de El Niño, por parte del Ministerio de Minas y Energía, así como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
En particular, la preocupación gira en torno a la emisión de la resolución 40116 del Ministerio de Minas y Energía, así como la resolución 101042 de la Creg.
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La primera adopta medidas como la definición de una referencia de generación mínima térmica diaria, que será establecida por el Ministerio de Minas y Energía en función de las condiciones del sistema y la disponibilidad de recursos. Esta referencia será aplicada por el Centro Nacional de Despacho (CND) en el despacho económico y la operación del sistema.
Además, la resolución estima que se ampliará la entrega de excedentes de energía de las plantas conectadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN), con el objetivo de aumentar la disponibilidad de energía eléctrica. Esta medida se aplicará a todas las plantas, independientemente de su tecnología.
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También se contempla la posibilidad de declarar la disponibilidad excedentaria de capacidad de generación por parte de los agentes generadores, autogeneradores y cogeneradores, con el fin de aumentar la capacidad de generación del SIN.
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Por su parte, la resolución Creg 101 042 establece sobre costos para los usuarios que consuman más energía por día que la que se consumió hasta el ciclo de facturación previo al 15 de marzo. Dependiendo del estrato el sobrecosto por kilovatio adicional será de 30% a 50%.
El Comité Intergremial del Atlántico ha manifestado su preocupación ante las recientes medidas tomadas por el Gobierno, diciendo que tendrán repercusiones directas en las tarifas de energía eléctrica y podrían no resolver el riesgo de apagones, sino aumentar la presión en costos para empresas y hogares.
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De hecho, esta asociación señaló que la resolución del Ministerio es equivalente a una intervención sobre los precios en la bolsa y argumentó que ha generado una baja artificial del precio de la energía en el mercado, pero esta reducción ficticia será traspasada a las facturas de los usuarios por medio del componente de restricciones. En los primeros días de aplicación de la resolución, este componente ha pasado de $8 pesos por kilovatio hora a $256 por kilovatio hora.
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Precisamente, José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, aseguró que a los agremiados les genera una gran preocupación regulación. “Es importante que se revise esa medida a la luz de la situación hidrológica y evitar el impacto a los usuarios por el incremento significativo en las restricciones”, dijo.
A estas voces se ha sumado Sandra Fonseca, directora de Asoenergía, que apuntó que sus cálculos evidencian alzas entre $60 y $120 por cada kilovatio hora, “mientras el estimado del ministerio era de $15”.
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Los gremios llamaron a que se analizara la necesidad de mantener estas medidas que recaen en los usuarios. El Comité Intergremial dijo también que esta premia las ineficiencias de algunas hidroeléctricas y comercializadoras, y traslada el costo a los usuarios.
DANIELA MORALES SOLER
Periodista de Portafolio
