La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) presentó a comentarios el proyecto de resolución 701 063 por medio del cual presenta una propuesta para pasar a la tarifa los créditos que las empresas han adquirido con Findeter para financiar la opción tarifaria.
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Vale la pena recordar que por medio de una línea de crédito con tasa compensada especialmente para las empresas con saldo por este mecanismo, estas han tenido acceso a recursos hasta por $2 billones.
El objetivo de esta resolución será que las empresas pudieran pasar a las facturas reducciones equivalentes a los montos obtenidos por medio de este mecanismo de financiación. La Comisión presentó un plazo de cinco días hábiles para presentar comentarios a la medida.
Esto se da en el marco del compromiso del Gobierno de asumir los saldos de opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3, equivalentes a $2,7 billones. De esta forma, los usuarios podrían evidenciar reducciones en el precio de la factura, al no tener que volver a pagar la deuda por este concepto.
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Si bien por el momento no se conoce cómo asumirá el gobierno este monto, el Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, dijo en el marco del Congreso Nacional de Minería de la ACM que en los próximos días se presentará ante el Congreso el proyecto de Ley que habilite el mecanismo y el monto para asumir este dinero.
Los efectos solo en la costa caribe de esta decisión serían una reducción de entre 8% y 20% en las tarifas por kilovatio hora que pagan los usuarios de esta región. A nivel nacional las disminuciones serían un poco menores en otros mercados, aunque se vería en la mayoría de las zonas.
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“Esta medida está principalmente dirigida a los usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3, a quienes se les reduciría el costo de opción tarifaria, una vez que el Gobierno Nacional pueda disponer de los recursos necesarios para ello”, informó la Creg.
Detalles de la resolución
Con esta resolución, las empresas de comercialización de energía podrán trasladar a los usuarios los montos que se han obtenido de estos créditos. Esta medida regulatoria establece que una vez entre en vigencia las tarifas de los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3 tendrán una forma de calcularse diferente.
Este cálculo se hará diferente para el consumo de subsistencia y para el que supere este umbral. En el caso del primero, se incorporará una variable equivalente a la reducción tarifaria por el costo de opción tarifaria.
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Esta se calculará con base en el saldo de opción tarifaria, el costo de recuperación de este saldo, la proporción del saldo para los usuarios de los tres primeros estratos que se haya cubierto con créditos de Findeter o “créditos desembolsados con recursos públicos con posterioridad a 31 de julio de 2024 y/o la titularización de la deuda por parte del Gobierno Nacional” y el porcentaje del subsidio para dicho estrato.
Dicho proyecto de resolución también establece las condiciones para el cálculo de la tarifa para consumos por encima de los niveles de subsistencia.
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Así mismo, establece que los usuarios que deban pagar opción tarifaria (COT) “deberán percibir los beneficios de las tasas y periodos de pago de los créditos otorgados con recursos públicos”.
En este sentido se establece que si una empresa de prestación de este servicio público recibe montos con posterioridad a 31 de julio de 2024, que considera un periodo de gracia para el pago de capital otorgado, deben incorporar otro cálculo en el que se tenga en cuenta el saldo acumulado pendiente por recuperar de la opción tarifaria, el monto otorgado por el crédito, la tasa mensual para calcular el valor para la recuperación del saldo, los meses de recuperación del saldo acumulado, el número de meses transcurridos entre el inicio del cobro de la opción tarifaria (COT), y los meses del periodo de gracia de los créditos otorgados con recursos públicos.
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Por el momento falta que se concrete el mecanismo por medio del cual el Gobierno Nacional titularizaría la deuda de opción tarifaria de estos estratos, cuyo anuncio se dio en mayo de este año.
Vale la pena recordar que de acuerdo con cálculos de Asocodis, con corte a julio había una deuda acumulada en total de $4 billones, de lo que el Gobierno asumiría lo correspondiente a los primeros estratos, de forma que los usuarios no deban pagar estos montos, que están ya pasando a las facturas.
Esta decisión podría disminuir entre 4% y 20% el precio del kilovatio hora de los usuarios. En el caso de los mercados del caribe, la contracción sería entre 8% y 20%.
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José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, señaló que de la rapidez con la que el Gobierno presente la medida para tomar estos saldos se podrán hacer reducciones importantes en las tarifas de los usuarios, especialmente en los mercados del Caribe.
DANIELA MORALES SOLER
Periodista de Portafolio
