Las empresas de comercialización de energía del Caribe son las que tienen el mayor precio de kilovatio hora. A esto se suma que es una de las regiones con mayores consumos por cuenta de la refrigeración y equipos de enfriamiento que son usados para regular las altas temperaturas.
Por este motivo, el Gobierno Nacional ha señalado en varias ocasiones su interés de generar cambios para que en esta zona los precios se moderen e incluso bajen.
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Algunas de las medidas que se han anunciado incluyen cambios en la formación de precios en la bolsa y en los contratos para el mercado regulado (hogares y pequeños comercios).
No obstante, en días pasados el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, envío una carta a la Asociación Colombiana de Generadores (Acolgen) en la que proponía tres acciones para este mercado.
Menciona en primer lugar la creación de una tarifa diferencial para “áreas especiales”, en la que se propone que todos los generadores hidráulicos deberán entregar energía a los mercados definidos como especiales.
La propuesta señala que de esta forma el “precio propuesto para estas transacciones de energía para las AEs corresponderá a los costos variables del generador adicionando un margen (10%)”. Esto, según el documento y citando cálculos de Air-e llevaría a tener un kilovatio de $190.
La segunda propuesta que presentó la cartera hace referencia al saldo de opción tarifaria, que para el Caribe es de unos $2,5 billones, según cálculos de Asocodis. Al respecto, la misiva señala que varios actores de la cadena deberán financiar este monto.
“Para financiar el saldo acumulado de la opción tarifaria (OT) disminuyendo el costo trasladable a los usuarios, los generadores y los transmisores otorgarán el Financiamiento Solidario a favor de los usuarios, a través de los comercializadores que soliciten la activación del mecanismo aquí propuesto”, señala la carta.
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Esto causó debate entre las compañías de generación, que serían las principales financiadoras de estad deuda.
En tercer lugar, se presenta la generación y las comunidades energéticas, para esto proponen que se genere un plan de inversiones para las comunidades energéticas y generación distribuida.
Las medidas causaron una respuesta desde Acolgen diciendo que se podría tratar de una expropiación indirecta y alegando que no tenía viabilidad jurídica.
Posteriormente el presidente, Gustavo Petro, anunció que el objetivo es que la totalidad de la deuda de la opción tarifaria se titularizara y pasara a ser deuda pública de la Nación.
“La opción tarifaria que debían pagar las familias a las comercializadoras en energía eléctrica, ahora tiene que ser una deuda pública de la Nación. No se puede refinanciar, eso es como pagar la comida con la tarjeta de crédito”, afirmó.
En respuesta a esto seis gremios celebraron la proposición y destacaron que el efecto para los usuarios sería una contracción de entre 7% y 19% de la tarifa.
Ahora bien, ¿es esto suficiente para las dificultades del mercado del caribe?
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El ministro Camacho destacó en entrevista con Portafolio que una de las grandes dificultades de este mercado está relacionado con las pérdidas de energía por conexiones fraudulentas. Reconoció que este es un problema estructural que se debe trabajar como tal.
“Estructuralmente hay que construir un modelo de relación distinta. Por eso el tema de comunidades energéticas es muy relevante, para que la gente sienta que puede gestionar su propia energía”, dijo.
Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgen, dijo en la misma línea que es una solución que puede contribuir no solo al Caribe sino a todo el país es el ingreso de más generación, especialmente de los proyectos renovables no convencionales que podrían generar una mayor oferta y con ello menores precios. “Requerimos incrementar nuestra capacidad de generación en todas sus tecnologías, para que nuestro sistema gane en resiliencia, seguridad y confiabilidad”, dijo Gutiérrez.
Apuntó que temas de inversiones para mejorar las redes de estas regiones y consumos más eficientes podrían contribuir a reducir las tarifas.
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Por cuenta de las dificultades que se presentan en los mercados del Caribe, atendidos por Air-e y Afinia, una de las alertas que se han levantado es la de la suficiencia financiera de las empresas de servicios públicos.
De hecho, en días pasados John Maya, gerente de EPM, casa matriz de Afinia, envió una carta al presidente Gustavo Petro adviritiendo que pese a los esfuerzos que se han hecho para mantener la liquidez requerida para continuar la ejecución de las inversiones necesarias, “hoy convivimos con las consecuencias de un fenómeno de El Niño que generó un incremento importante en los consumos de energía en esta zona del país y mayores costos de la energía en la bolsa, un saldo acumulado de opción tarifaria que asciende a $1,6 billones y un retraso en el desembolso del crédito de Findeter”.
Por su parte, Air-e cuenta con un saldo de cerca de $1 billón, que afecta sus flujos de caja.
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DANIELA MORALES SOLER
Portafolio
