Si bien es cierto que algunas de las metas que en materia de inclusión financiera, acceso a crédito popular, reducción de brechas de género, finanzas abiertas (open finance), educación financiera e impulso a una mayor competencia a través del sector fintech, contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo han mostrado algunos avances, estos todavía muestran disparidad en su ejecución por factores como la desaceleración económica, las altas tasas de interés y la inflación.
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El Gobierno tiene como una de sus metas que más personas en condición de vulnerabilidad en las regiones tengan acceso a mecanismos de financiación barata y que en lo posible tenga aval del Fondo Nacional de Garantías, cuyo modelo permite ofrecer garantía hasta del 90 % a través de entidades financieras mediante redescuento, pero también con otro tipo de entidades no financieras.
Javier Cuéllar, presidente de la entidad dijo que con corte al 31 de julio, ya se han garantizado $ 33,47 billones en 1.267.205 créditos en el periodo de Gobierno. De estos, $ 2,69 billones se han dirigido a la economía popular (0 a 6 SMMLV) en 890.986 créditos.
De igual forma, ha garantizado $ 761.468 millones en 99.552 créditos para el sector agro, “demostrando que, en menos de un año de haber entrado de lleno a respaldar créditos en este segmento, ha sido un éxito”.
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Dijo que mediante un acuerdo público privado se puede llevar el crédito a 1,9 millones de personas que nunca han tenido acceso.
Esta propuesta lo que busca es llevar el indicador de inclusión crediticia del 35,3 % al 40 %, lo que equivaldría a unos $ 6 billones en créditos garantizados para la economía popular.
El funcionario agregó que “queremos impulsar esta alianza público-privada, desde el Estado ponemos las garantías para que las entidades que ofrecen crédito lleguen a estos segmentos que nos necesitan y desde el sector privado buscamos que se flexibilicen sus políticas de riesgo y disminuyan sus tasas para todos los sectores de la economía”.
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El viceministro de Hacienda, Diego Guevara, consideró clave el impulso de la economía popular con crédito, pues ese sector abarca actividades mercantiles y no mercantiles que van desde el comercio ambulante hasta la prestación de servicios básicos y el trabajo de cuidado no remunerado y reveló que instancias como Consejo Nacional de la Economía Popular y la Mesa Técnica Sectorial del Sistema de Información Estadístico para la Economía Popular ya están funcionando para asesorar y construir política pública.
Además, aseguró que el financiamiento formal a la economía popular y comunitaria registra hasta el momento 1,4 millones de operaciones, con una movilización de recursos por $ 11,2 billones y con el programa Creo ha tenido más 18.000 operaciones y recursos por $ 1,4 billones.
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Uno de los actores claves de dicha política gubernamental es el Banco Agrario, que promueve a emprendedores que desarrollan actividades vinculadas a la economía popular y comunitaria, con un enfoque de inclusión financiera con el objetivo, como lo dijo su presidente, Hernando Chica Zuccardi, “de combatir el ‘gota a gota’, haciendo más fácil el acceso al crédito y con subsidio a las tasas de interés”.
El directivo dijo que entre agosto de 2022 y julio del presente año, por este concepto ha irrigado recursos cercanos a $ 1,2 billones entre 299.539 beneficiarios, incluidos principalmente pequeños productores, mujeres rurales, jóvenes rurales, microempresarios y núcleos solidarios.
Mediante un acuerdo entre sectores público y privado se puede llevar el crédito a 1,9 millones de personas que nunca han tenido acceso
COMPARTIR EN TWITTEREn este contexto, destacó 6.874 créditos por más de $ 16.000 millones que corresponden al programa Creo, que busca ofrecer alternativas de financiación y crédito a aquellos colombianos que no han podido acceder a fuentes formales de recursos. Y desde agosto de 2022 se han vinculado más de 110.000 nuevos clientes del segmento inclusión financiera, quienes han podido iniciar una historia crediticia.
Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, aseguró que hay que retomar el planteamiento de economía popular del Gobierno para compatibilizar los instrumentos con el sector privado para entregar el millón de créditos populares proyectados y que están establecidos “que son de menos de cuatro salarios mínimos” y dijo que de acuerdo con las cifras que tiene el gremio, hasta hace un mes se habían entregado 265.000, de los cuales los bancos colocaron 250.000.
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Sector ‘fintech’ busca hacer más inclusión
Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, dijo que el ecosistema está en capacidad de ofrecer productos a las 100.000 unidades productivas de la economía popular establecidas en el Plan de Desarrollo como meta, pero dijo que sin marcos regulatorios habilitantes la industria no tendrá la capacidad de cumplir.
El plan incluyó artículos clave para el sector como la promoción de las finanzas verdes, innovación y el emprendimiento, creación del esquema de datos abiertos, derecho a la portabilidad financiera y la interoperabilidad de pagos inmediatos y se busca continuar con la regulación e implementación de proyectos de innovación financiera como las finanzas abiertas, la regulación de cripto y la actualización de crowdfunding. Pero dice que el avance ha sido limitado, pues la penetración continúa cayendo.
Mencionó que a partir de datos recopilados de 13 billeteras digitales para el 2023 existían 54.634.939 usuarios, pero para ampliar estas tendencias es necesario que la regulación avance, convirtiéndose en un catalizador de la innovación, la protección de los consumidores.
Holman Rodríguez Martínez
PORTAFOLIO
