La Superintendencia de Salud extenderá por un año la medida de intervención forzosa administrativa para administrar de la EPS Famisanar. Una decisión que responde a que aún no se han cumplido en su totalidad los objetivos establecidos para lograr la estabilización de la entidad y poner fin al proceso.
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Sandra Jaramillo, agente interventora de la EPS, calificó como "positiva" la determinación de la Supersalud al considerar que aún se requiere de tiempo para mejorar los indicadores definidos en el plan de acción. La funcionaria señaló que, si bien se han logrado avances, persisten algunos desafíos para superar la crisis financiera que actualmente enfrenta la empresa.
“Tras un año de intervención, y después de haber evaluado los resultados que se han presentado, se decidió prorrogar la intervención para continuar desarrollando este plan de acción y lograr el cumplimiento de las metas que en este primer año no se lograron”, resaltó Jaramillo.
La agente interventora también destacó que, dentro de la prórroga, la Superintendencia ordenó quince medidas enfocadas en fortalecer la prestación del servicio. Esto incluye, por ejemplo, priorizar la atención materna y perinatal; realizar un seguimiento a los gestores farmacéuticos; fortalecer los procesos de auditoría para optimizar el costo de las atenciones, entre otras acciones.
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Sandra Milena Jaramillo, agente especial interventora de la EPS Famisanar
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Jaramillo destacó que si bien es cierto que “la situación financiera es crítica”, se están llevando a cabo labores para que la empresa pueda seguir funcionando y atendiendo a sus afiliados.
“Hemos visto resultados positivos en nuestros afiliados. Les decimos que continúen confiando en nosotros porque de verdad estamos trabajando en innovar. Vamos a implementar ya los equipos básicos. Los escuchamos permanentemente para identificar todas las mejoras que requieren los afiliados y damos la bienvenida a todos los que quieran afiliarse”, agregó.
El año pasado la Supersalud ordenó la intervención de Famisanar luego de "evidenciar el deterioro de sus indicadores financieros, el creciente número de quejas de sus usuarios y el incumplimiento de más de 10 estándares de habilitación que afectan el aseguramiento en salud y la prestación de servicios a su población afiliada".
La medida, que tuvo lugar el 15 de septiembre de 2023, se extendía hasta el 15 del mismo mes de este año. No obstante, con la prórroga, el proceso de intervención se mantendrá vigente hasta el 15 de septiembre de 2025.
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