Durante años, la cultura del ‘todo vale’ ha permeado profunda y desafortunadamente nuestras estructuras sociales y políticas, fomentada por una narrativa popularizada por las narconovelas y una persistente retórica de victimización. Esta situación nos exige, más que nunca, replantear y reconstruir la escala de valores que guían nuestro actuar colectivo y en especial a la clase política.
El 2026 marca un punto de inflexión, un momento para que, con un nuevo liderazgo nacional, nos despojemos de las viejas ideologías y fomentemos una cultura de la legalidad y el trabajo honesto. La legalidad, entendida como el estricto cumplimiento de la ley, y como un compromiso con la justicia y la equidad que debe ser el cimiento de nuestro progreso social y económico. El presidente que suceda a Gustavo Petro, deberá priorizar el fortalecimiento de nuestras instituciones y el fomento de una ética de responsabilidad y colaboración.
La cultura de la legalidad debe ir acompañada de un cambio en la narrativa nacional. Debe promover el valor del trabajo honesto y recompensar la innovación y la persistencia, en lugar de glorificar los atajos y las vías ilícitas hacia el éxito personal. Esta nueva narrativa debe destacar ejemplos de colombianos que, día a día, contribuyen al bienestar de la sociedad mediante su labor diligente y ética.
Aunque el gobierno actual y en especial sus influenciadores de las redes sociales son grandes protagonistas y responsables de la narrativa del todo vale, esto no es algo que recaiga solo en el gobierno. Las empresas, los medios de comunicación, las instituciones educativas y cada ciudadano en general jugamos un rol fundamental.
Es necesario recuperar desde la educación primaria la formación en ética cívica, preparando a las futuras generaciones para liderar con integridad el país. El sector empresarial por su parte es responsable de la implementación de prácticas transparentes y justas, estableciendo un estándar de conducta que rechace la corrupción en todas sus formas.
Es indispensable que los medios de comunicación presenten las historias que reflejen los valores de
trabajo duro y honestidad, en lugar de perpetuar estereotipos o exaltar figuras cuestionables. Las historias que elegimos contar en nuestros medios pueden servir para inspirar cambio o perpetuar el statu quo. Por ello, la elección debe ser consciente y orientada hacia la cultura que aspiramos a construir.
La cultura de la legalidad es una construcción colectiva que requiere el compromiso de todos los sectores de la sociedad. La sociedad civil debe tener un rol activo en exigir cuentas y en la implementación de una vigilancia que asegure que las promesas de cambio se traduzcan en acciones concretas. La participación ciudadana en los procesos políticos y sociales debe ser fortalecida y vista como un deber fundamental, no solo como un derecho.
El 2026 podría ser recordado como el año en que Colombia redefinió su identidad nacional y sentó las bases para una era de renovación y crecimiento sostenible.
VÍCTOR MUÑOZ
Emprendedor, investigador, analista
