A propósito de la reciente sanción que recibió Colombia por parte de Egmont, el grupo que reúne unidades de inteligencia financiera del mundo, por revelar datos confidenciales, vale la pena revisitar el espíritu de las agencias de inteligencia en el área financiera, que para el caso colombiano es la UIAF. Y es que por décadas el mundo entero se ha esforzado por combatir conjuntamente el lavado de dinero y de activos. Parece que para el Gobierno no son tan claras las graves repercusiones de estas sanciones sobre la capacidad para combatir el crimen.
La lucha para combatir el lavado de dinero y de activos, también conocido como blanqueo de capitales, obedece a la necesidad de combatir todo tipo de crimen organizado. Además de ser un delito en sí mismo, el lavado de dinero es el mecanismo que permite que muchos delitos sean rentables. Sin la posibilidad de lavado, las rentas obtenidas de actividades ilícitas serían inservibles y no tendrían forma de penetrar en la economía formal. En otras palabras, hay más crimen donde es más fácil monetizar sus frutos. Las estrategias más comunes de blanqueo de capitales consisten en realizar microtransacciones para que sean indetectables, o realizar transacciones de alto nivel de complejidad que dificulte su detección.
La práctica de microtransacciones, llamada ‘smurfing’ -haciendo alusión a los pitufos por su tamaño-, son bastante costosas y difíciles de operar cuando hay necesidad de blanquear grandes cantidades de dinero. Por tanto, en esos casos es más común recurrir a prácticas que disfracen el lavado de grandes cantidades en operaciones complejas, o de muchas capas. Las unidades de detección se centran en identificar estas últimas. Entre mejor sea el sistema de detección, más difícil es manejar el blanqueo de grandes cifras, por lo que el blanqueo se traslada al ‘smurfing’ por su dificultad de detección. La realidad es que este es muy poco atractivo para altos volúmenes por su alto costo, y el resultado es el traslado de la actividad ilícita a otro lugar.
En algunas ocasiones se ha examinado que la permisividad con el lavado de activos fomentará -indirectamente- la actividad económica y dará mayor liquidez al mercado. Sin embargo, los efectos adversos de mediano y largo plazo opacan cualquier ilusión superficial que puede generar a corto plazo. Una explicación es que las actividades ilícitas generan ambientes poco propicios para el desarrollo institucional de otros sectores y termina limitando el crecimiento económico asociado a actividades lícitas.
Las redes de apoyo para detección de delitos financieros ponen a disposición de sus socios y miembros un portafolio de bases de datos, protocolos y software que facilita la detección de diversos tipos de lavado de activos. Al aprovechar la infraestructura que ofrecen estas redes, las actividades de lavado se ven muy limitadas, migrando hacia las microtransacciones.
Por el contrario, perder este apoyo supone una mayor vulnerabilidad del sistema y facilitar otros canales de blanqueo. Por último, la economía queda más expuesta a ser susceptible de lavado generando limitaciones para el crecimiento más pronto que tarde. Por tanto, confiemos que el infortunado incidente con Egmont se revierta pronto para minimizar los efectos adversos que se puedan enfrentar.
ALFREDO CONTRERAS EITNER
Docente investigador del Cesa
