Quien sea elegido presidente y asuma el cargo en 697 días, el 7 de agosto de 2026, enfrentará un panorama complejo y crítico. Los problemas que agobian al país requieren decisiones inmediatas y estratégicas, basadas en un plan sólido y estructurado por regiones y sectores, que ofrezca soluciones a las preocupaciones más apremiantes de los colombianos.
Colombia está inmersa en una crisis en áreas clave como el acceso a la salud y la seguridad, tanto en zonas urbanas como rurales. Los índices de secuestro y extorsión siguen en aumento, mientras vastas regiones están bajo el control de narcotraficantes, el ELN y exmiembros de las FARC.
Además, el costo de vida ha alcanzado niveles insostenibles, especialmente en la costa norte, donde las tarifas energéticas son extremadamente altas.
Esta situación, agravada por la creciente deuda pública y el desempleo en ascenso, se ve intensificada por los bloqueos frecuentes que paralizan la movilidad, afectan la educación y el derecho al trabajo.
A estos problemas se añade la presión migratoria, que se prevé aumentará debido a la posición permisiva del gobierno de Gustavo Petro frente al régimen de Nicolás Maduro. El aumento del gasto público sin control que ha llevado al país a un endeudamiento que amenaza la estabilidad financiera del Estado.
El nuevo presidente deberá implementar una serie de reformas esenciales. En primer lugar, una reforma estructural del sector eléctrico es imprescindible para reducir las tarifas y asegurar una distribución eficiente de la energía. También será crucial fortalecer las fuerzas armadas y de policía, garantizando que cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar a los grupos criminales y recuperar el control territorial.
Un plan de reactivación económica será clave para destrabar las consultas previas y generar inversión en sectores estratégicos como infraestructura, vivienda de interés social, energías alternativas y el sector agropecuario.
Igualmente, un plan de austeridad será fundamental para restaurar la confianza en los mercados y garantizar la sostenibilidad fiscal, eliminando gastos innecesarios y superfluos, ministerios redundantes y subsidios mal diseñados.
La lucha contra la corrupción debe ser otro pilar del gobierno. No más promesas vacías: la transparencia en la gestión pública debe ser la prioridad, con controles estrictos sobre la contratación y una rendición de cuentas efectiva.
Cada contrato deberá estar registrado en SECOP, sin excepciones, y se deben adoptar medidas como la prohibición de transacciones en efectivo para compra de bienes y servicios superiores a ciertos montos y la publicación de la declaración de renta si o si de los funcionarios públicos, al igual que los registros de beneficiario final de las sociedades que contratan. El 2026 marcará un punto de inflexión. Sin un liderazgo firme y acciones decididas, el colapso social y económico será inevitable.
Víctor Muñoz
Emprendedor, investigador, analista
