El pronunciamiento número 10 del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) no deja espacio para la interpretación en su análisis del Plan Financiero del Ministerio de Hacienda para el año 2024. El país “no cumpliría con la Regla Fiscal” en el transcurso del año, a pesar de las continuas expresiones de compromiso de las autoridades económicas con este mecanismo de ley para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Tras reconocer el esfuerzo del Gobierno Nacional en el cierre del hueco generado por los precios de los combustibles al pasar de 36 billones en 2022 a 20,5 billones en 2023, el Carf identifica varios factores en las estimaciones del Ministerio de Hacienda que conducirían a incumplir la Regla Fiscal.
La administración Petro publicó el Plan Financiero para este 2024 que contiene sus proyecciones de ingresos y gastos y calculan una elevación del déficit fiscal a 5,3 por ciento del PIB. La cobertura de estas necesidades fiscales aumentará la deuda al 57 por ciento del PIB, por encima del ancla del 55 por ciento definida por la ley.
La cuestión está en que, dentro de los ingresos tributarios que proyecta el Gobierno Nacional para ajustar estas cuentas, está incluido un monto de 10 billones de pesos por arbitramiento de litigios de la Dian. El Carf considera en su pronunciamiento que esta estrategia para la solución de pleitos judiciales tributarios con terceros, personas naturales y jurídicas, constituyen “ingresos temporales, no permanentes, o no estructurales”.
La exclusión de este rubro sube el déficit primario neto estructural al 0,8 por ciento del PIB y así no se estaría dando el cumplimiento de ley de la Regla Fiscal. En conclusión, el Carf encuentra la necesidad de un ajuste adicional de gasto de 10 billones de pesos, además de lo anunciado en el Plan Financiero.
Con este pronunciamiento, el Carf se suma a otras entidades como calificadoras de riesgo, organismos multilaterales, centros de estudios e instituciones financieras que han venido levantando alertas sobre la senda de sostenibilidad fiscal de Colombia.
De hecho, el Carf asimismo expresa preocupación por el quiebre de la tendencia descendente del déficit fiscal y del déficit primario en este 2024. En otras palabras, el margen de maniobra de las finanzas públicas de Colombia se está reduciendo demasiado y el panorama de los próximos años en materia fiscal no luce despejado.
Más aún, el Gobierno Nacional está planteando un alto nivel de gasto primario -un 18,7 por ciento del PIB-comparable con el observado en los años de respuesta a la pandemia y un 1,3 por ciento del PIB frente a 2023. No obstante, la capacidad de generar mayores ingresos no se compadece con ese comportamiento en el gasto: los ingresos, incluyendo el arbitramiento de litigios y la gestión y las eficiencias de la Dian, sólo crecerán un 0,4 por ciento del PIB.
A lo anterior deben añadirse las permanentes dificultades que han plagado la ejecución de la administración Petro. Hasta un 30 por ciento de los recursos de inversión fue desaprovechado por las distintas entidades públicas en 2023.
Es perentorio que el Gobierno Nacional haga los esfuerzos requeridos para enrutar la economía colombiana en una senda sostenible de sus finanzas públicas. Una senda que no sólo dinamice el crecimiento económico y reactive el aparato productivo, sino también equilibre el aumento en el gasto público con fuentes de ingresos estructurales y permanentes.
Esta advertencia del Carf se debe atender y realizar los ajustes necesarios para tanto cumplir la Regla Fiscal, como se ha comprometido el Gobierno, sino también fortalecer la sostenibilidad en las cuentas públicas.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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