Ayer la EPS Sura informó al país que había iniciado la solicitud ante la Superintendencia de Salud para retirarse del Sistema General de Seguridad Social en Salud a través del mecanismo de desmonte progresivo. Este anuncio de la entidad, con más de cinco millones de afiliados y una de las pocas que cumplen con los requisitos de reservas técnicas, se suma a una decisión similar de Compensar y a la intervención de la Nueva EPS, Sanitas, Emssanar, Famisanar, Asmet y Savia Salud.
La salida de Sura constituye otra muestra adicional de la debacle anunciada del sistema de salud en la que el Gobierno busca implementar “por la puerta de atrás” su reforma de salud. Esta reacción en cadena, desatada por el hundimiento del proyecto sanitario en el Congreso de la República, continúa enrareciendo el panorama empresarial, económico, social y de prestación de este servicio básico en el país. Y con esto, la zozobra e incertidumbre de millones de colombianos y sus familias, cobijados “a la brava” por un sistema cada vez más estatizado.
La caída de las principales EPS, cual fichas de dominó- como lo advirtió el propio presidente de la República, Gustavo Petro- responde a una desfinanciación estructural, agudizada por el impulso del Gobierno de su articulado de reforma.
Los recursos que hoy fluyen al sistema no son suficientes para equilibrar las finanzas de sus actores y no responden a los aumentos de frecuencias, impactos pos-covid, traslados de usuarios y otros aspectos económicos, que sustentan una actualización real de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
A lo anterior se debe añadir la flagrante inacción de la administración Petro y del Ministerio de Salud ante los urgentes y permanentes llamados de las EPS, gremios de la salud, expertos, ex altos funcionarios, organizaciones de pacientes, asociaciones de médicos y otros actores, para atender la creciente crisis del sistema.
De hecho, en julio del año pasado, los directivos de tres EPS privadas- Sanitas, Compensar y Sura- enviaron una misiva a Guillermo Alfonso Jaramillo, jefe de la cartera sanitaria, donde alertaron sobre su “gran preocupación de viabilidad” y que, a raíz de la insuficiente UPC, el pago de deudas y la asimetría en las cargas de la enfermedad, “se hará cada vez más difícil la prestación de los servicios”.
Menos de un año después, el estado de esas tres entidades líderes del sistema- Sanitas intervenida y Compensar y Sura en solicitud de retiro- refleja el inmenso costo de ignorar el deterioro sistémico del servicio de salud en Colombia. Lo más crítico es que, para el presidente Petro, la responsabilidad está en el Senado de la República por no apoyar su proyecto de reforma, e incluso lanzó un ataque políticamente motivado contra la familia Vargas Lleras. El primer mandatario no mostró ni un atisbo de rendición de cuentas por las decisiones -y la falta de ellas- de sus 20 meses de gestión.
Por último, la mirada ideológica sobre la salud, que sigue guiando el accionar de la administración Petro en salud, ha desatado drásticas transformaciones “a la fuerza” del sistema, sin avanzar ordenadamente en resolver sus falencias estructurales, que las tiene. Los avances del país en salud de los últimos 30 años- y que muchos colombianos reconocen y valoran- transitan un camino hacia su desmantelamiento, sin contar con una apuesta sustancialmente superior. Al contrario, como lo pueden atestiguar más de 800 mil maestros y sus familias del Fomag como prueba ‘piloto’ de la reforma, con un deterioro en la prestación. Es decir, destruir sin construir.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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