Uno de los mayores desafíos que la administración Petro encara en este año es la aceleración del ritmo de implementación de sus políticas y programas. Tras un 2023 con pobres resultados en el impulso del paquete de reformas, la Casa de Nariño ya comenzó a sentir la presión de una opinión pública, que ha perdido el entusiasmo inicial por su “agenda de cambio” y regresó rápidamente a una percepción pesimista del rumbo del país.
Las dificultades que ha enfrentado el Gobierno Nacional para traducir sus discursos en iniciativas tangibles quedaron en evidencia el año pasado. En distintos momentos a lo largo del 2023 se publicaron alertas sobre el bajo avance de ejecución de las entidades del Ejecutivo. Situación que incluso fue reconocida por el propio presidente de la República, Gustavo Petro, con varios llamados de atención a sus ministros en torno a la presentación de más resultados de la gestión.
La alarma del primer mandatario por la baja ejecución no solo fue pública sino también desató rumores sobre una eventual crisis de gabinete en la que saldrían las cabezas de algunos de los ministerios y dependencias con los mayores rezagos. Aunque el “jalón de orejas” presidencial de fin de 2023 no ha conducido, hasta ahora, a ningún relevo en el Consejo de Ministros, la preocupación de la Casa de Nariño sigue latente.
En especial, en este 2024 con un abultado presupuesto de inversión pública que alcanza los $99 billones. La mayoría de los recursos del Gobierno Nacional estarán destinados a sectores como transporte -$14 billones- e inclusión social -$10,5 billones. También recibieron aumentos ramas con potencial para jalonar la reactivación de la economía, como vivienda con $5,9 billones, así como áreas de especial atención del presidente Petro como la compra de tierras y la promoción de las energías renovables bajo el Ministerio de Minas.
En otras palabras, en 2024 la administración Petro contará con la chequera necesaria -gracias a la onerosa reforma tributaria de 2022- para poner los dineros en las prioridades de su agenda.
Forjado en el ejercicio de una oposición de muchos años, tanto el presidente Petro como muchos de sus ministros y jefes de entidades nacionales prefieren el impacto de los discursos sobre el cambio que el poco glamoroso aspecto de la ejecución.
Si en el 2023 quedaron claros los principales elementos de la narrativa gubernamental en cuanto a reformas, cambio climático y ‘paz total’, el desafío en 2024 para todo el Ejecutivo es traducir en logros y en los territorios las promesas de transformación que los llevaron al poder.
Ejecutar no parece ser la tarea favorita del Gobierno Nacional. El lento avance en la implementación proviene de distintas problemáticas: inexperiencia en los liderazgos, temor ante las decisiones de gasto, ignorancia en el tejemaneje de la gestión pública, confusión en las prioridades y en la planeación y, en muchos casos, una desconexión entre la ambición del cambio y las realidades de la política pública.
A pesar de lo anterior, todo el equipo de la administración Petro no tiene más salida que canalizar esta billonaria inversión en programas con resultados para los ciudadanos.
Materializar las promesas es retador para cualquier gobierno, nacional o local. Ya en ruta a los dos años de mandato, el tiempo para el espejo retrovisor y la retórica le termina por dar paso al momento de construir con logros los cimientos de un legado de gobierno.
Legado que la administración Petro prometió que sería transformador, “histórico” y mejor que los gobiernos anteriores de sus opositores. Ante esos estándares tan elevados, solo la ejecución eficaz podrá conducir a un balance positivo.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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