A partir de esta semana la capital de la República empezó a aplicar formalmente una nueva modalidad en la restricción de ‘Pico y Placa’.
Los vehículos particulares en Bogotá ahora ya no cuentan con la excepción del ‘carro compartido’ mientras que la distribución de los días de prohibición y los números de placa asociadas cambió.
Con algunas manifestaciones iniciales de protesta que no se sostuvieron en el tiempo, los usuarios capitalinos de los carros seguirán pagando impuestos y aceptarán resignadamente la nueva disposición.
La movilidad bogotana es una de las áreas urbanas que integra los listados de las peores ciudades de América Latina, e incluso a nivel global.
Uno de los más recientes, el indicador del estudio global INRX de congestión, destaca a Bogotá como la sexta ciudad del mundo y la primera de la región latinoamericana donde más se pierden horas por trancones: 122 horas, alrededor de cinco días, al año en tráfico vehicular.
Ni hablar de las pérdidas económicas, en productividad y en competitividad, que sufre una metrópolis paralizada.
Las perspectivas de mejora en este frente urbano en Bogotá no son las mejores. En primer lugar, aún tarda unos años más la construcción y puesta en marcha de la primera línea del metro de la ciudad, si así lo desea la administración Petro.
El Gobierno Nacional sigue enviando mensajes poco tranquilizadores frente al futuro de esta megaobra de infraestructura para la capital.
La naturaleza de esa línea inaugural ya debe dejarse quieta vía un pacto entre esos dos bloques políticos que dominan hoy la ciudad: los verdes y el petrismo. Segundo, el Distrito necesita reforzar sus acciones para proteger TransMilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).
Ni aún con la entrada en operación de la primera línea del metro, la capital dejará de depender de la actual red de articulados.
Junto a la crisis financiera generalizada que la pandemia acentúo en los sistemas de transporte de las capitales colombianas, TransMilenio sufre del desprecio de cientos de miles de capitalinos, incluidos muchos de sus usuarios cotidianos.
A la destrucción frecuente e impune de su infraestructura -celebrada en redes sociales- se suman ahora la descarada justificación del fenómeno de los ‘colados’, que llega a las más altas esferas del Gobierno Nacional, y que hoy responde al 29,6 por ciento de los pasajeros diarios, es decir, representa pérdidas por 223 mil millones de pesos anuales.
No causa mayor sorpresa entonces el déficit de más de dos billones de pesos del sistema.
¿Cuáles son las acciones financieras, políticas, operativas y de cultura ciudadana para sostener un TransMilenio tan vilipendiado y desprotegido? Por último, está la gestión directa de la movilidad con restricciones como la del ‘Pico y Placa’.
Está cada vez más claro que estas medidas han perdido gran parte de su potencia y efectividad, ni siquiera ya como un esfuerzo de cambio cultural.
Las autoridades distritales no solo se les dificulta acelerar lo nuevo sino también terminan por ofrecer las mismas fórmulas agotadas.
La decisión urbana de desestimular el vehículo particular cada vez parece más una política desdibujada, con grandes desequilibrios, inequidades y sin unas finanzas claras.
Mientras el Distrito encierra los carros y se privilegian bicicletas y motos, su incapacidad de generar un transporte público seguro y confiable como alternativa deja mucho que desear en estos años. Lo más triste es que no parece haber mucho más que hacer que resignarse.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
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