Esta semana la discusión sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2025, y específicamente sobre su monto definitivo, será protagonista en el Congreso de la República. Los legisladores deberán decidir si aceptan la propuesta del Gobierno Nacional de $523 billones -que incluye una desfinanciación de $12 billones- o devuelven el proyecto para que se presente de una forma más ajustada a la realidad económica del país.
El pasado viernes, en el congreso de la Andi, Efraín Cepeda, el presidente del Senado, anunció que tiene los votos para hundir la reforma tributaria, con la que la Casa de Nariño busca cerrar parte del ‘hueco’ presupuestal. “Si no sacan esos $12 billones antes del martes (mañana), vamos a negar el monto completo para que se recomponga el presupuesto”, afirmó el senador conservador. Si bien no será fácil lograr el apoyo mayoritario de los congresistas de las comisiones económicas, es el camino más responsable con las finanzas públicas para el 2025.
El consenso sobre la inconveniencia económica y fiscal y el carácter inoportuno de una nueva alza de impuestos sigue creciendo entre analistas, gremios y un bloque importante de legisladores. Ni siquiera los empresarios, en teoría beneficiarios de una reducción gradual del impuesto de renta corporativo, han manifestado su respaldo a la iniciativa. De hecho, tanto la Andi como otros gremios han advertido los efectos negativos sobre las actividades económicas, tanto de la más reciente reforma tributaria de 2022, como de la que planea actualmente el gobierno Petro.
Lo que menos necesita hoy una economía como la colombiana, que atraviesa un proceso de desaceleración y está tratando de reactivarse, es otra carga impositiva sobre hogares y empresas. La Casa de Nariño debe preocuparse menos por encontrar nuevas formas de sacarle dinero a un aparato productivo debilitado, y más por presentar -por fin- su estrategia de reactivación, cuyo plazo de seis semanas se cumplirá pronto. Ni hablar sobre la urgencia de mejorar sustancialmente sus niveles de ejecución e inversión de los recursos públicos y así cumplir con las altísimas expectativas de cambio de los ciudadanos.
Presentar al Congreso un proyecto de presupuesto abiertamente desfinanciado entre $12 y $30 billones y repetir los errores cometidos el año pasado, no es más que una excusa para forzar más impuestos sobre los colombianos.
El propio presidente de la República confirmó en un trino de hace unos días que la nueva alza impositiva ni siquiera está vinculada con la discusión presupuestal: “Recorten o no recorten la ley de financiamiento o la reforma tributaria se presentará porque hay que reactivar la economía”. Si bien el Gobierno cuenta con dinámicos instrumentos para incentivar las actividades productivas, son las decisiones y las apuestas del sector empresarial -grande, pequeño y mediano- las que jalonarán la reactivación de la economía.
Una reforma tributaria adicional, buscando mitigar un gran desequilibrio fiscal de la Nación en 2025, no será la ‘varita mágica’ de la recuperación. Al contrario, podría deprimir aún más a hogares y empresas que siguen pagando los impuestos definidos en las reformas de 2021 y 2022.
Obsesionada con cobrar impuestos, la administración Petro ignora los esfuerzos que podría hacer para mejorar y recortar el gasto público y así balancear sus finanzas. Margen para la ‘tijera’ -en especial en gastos de funcionamiento- existe, como lo encontró un reciente informe de Corficolombiana. En otras palabras, el Estado necesita un presupuesto ajustado a la realidad y el Congreso podría ayudar a materializar esa necesidad.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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