Uno de los hallazgos más destacados en distintos sondeos de opinión pública realizados durante la pandemia es el alto nivel de favorabilidad que marca el sector privado. En la más reciente encuesta Invamer de diciembre pasado los empresarios registraron un 53 por ciento de imagen positiva, el mismo porcentaje de las Fuerzas Militares y la Iglesia Católica, instituciones respetadas y tradicionalmente apoyadas por los colombianos.
Estos índices de aceptación no deberían generar mayor sorpresa ya que las empresas de todos los tamaños han sido protagonistas activas de la reactivación económica que caracterizó el 2021. Las fábricas, negocios y comercios-grandes, medianos y pequeños- no sólo han creado y sostenido miles de empleos, sino también resistido, no todos, el embate de la crisis por el covid-19 y desplegado medidas de bioseguridad y protección en el trabajo.
No obstante, en esa misma encuesta Invamer, se registra una caída de nueve puntos porcentuales de la favorabilidad empresarial en el segundo semestre del año pasado. En simultánea con ese rol en la recuperación de la actividad productiva y de puestos de trabajo, la campaña electoral asimismo ha generado eco para discursos en contra de esa contribución del sector privado e incluso de sectores específicos como el petrolero, el financiero, el de las aplicaciones tecnológicas de transporte, entre otros.
Los ataques del alcalde Quintero contra el GEA reflejan un burdo intento por convertir al sector privado en el enemigo
COMPARTIR EN TWITTEREstas narrativas siguen un libreto populista, ya conocido y ejercido en otras latitudes de Europa, Estados Unidos y América Latina. Un libreto que se construye como una contraposición artificial entre el “pueblo”, inspirado por un líder caudillista, y un “enemigo” que puede ser el “migrante extranjero”, el “rico” o el “gran empresario”. Esa lógica de “ellos” contra “nosotros” es tanto polarizadora como efectiva para ganar elecciones y desplegar campañas.
En ese populismo anti-empresarial se enmarcan las recientes declaraciones del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, contra el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). En una entrevista con la revista Semana el mandatario local calificó a este conglomerado como “unos carteles, unas mafias” que son “expertos en tomarse el control irregular de empresas públicas y privadas”. Estas son unas graves acusaciones que el alcalde Quintero sigue en mora de demostrar con pruebas irrefutables.
Cada día que pasa sin que el gobernante de Medellín brinde a las autoridades los sustentos a tan serios señalamientos es un día más que perjudica a los inversionistas, empleados, clientes y proveedores de ese grupo empresarial. La revocatoria del mandato contra Quintero, que sigue su curso definitivo y que ha puesto al burgomaestre en campaña, no es excusa para buscar la destrucción tanto del capital social como del tejido empresarial que estas compañías antioqueñas han construido por décadas.
Las grandes empresas, como cualquier otro actor económico y social, están sujetos al debate público de su comportamiento. Pero, una cosa son las críticas contra la estructura y la conducción de las empresas del GEA que desataron las dos opas recientes y otra, muy diferente, tildar de “mafias” a compañías que han sufrido en su ciudad de origen el accionar de los carteles del narcotráfico.
El burdo intento de convertir estas organizaciones en un “enemigo” y cosechar votos con ataques dañinos no debe pasar desapercibido por la ciudadanía tanto en Antioquia como en el resto de Colombia. Una sociedad cuyos dirigentes políticos alimentan la destrucción de sus empresas de todos los tamaños es una sociedad que transita la ruta de la debacle económica y del deterioro institucional.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda
